Al día siguiente de la marcha, el bloque de diputados de Unión por la Patria, que había presentado un proyecto de actualización presupuestaria para universidades nacionales, intentó darle tratamiento en la Cámara Baja. Sin embargo, el radicalismo –cuyos referentes habían impulsado la movilización del día anterior– no dio quórum.
El 29 de abril, una semana después de la marcha, el gobierno se reunió con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y al día siguiente con el CIN, al que le anunció el otorgamiento de una partida del 70% para gastos de funcionamiento –la segunda, respecto de la que había ofrecido luego del paro universitario del 14 de marzo–. Según los rectores, esta nueva partida significaba un aliciente pero resultaba insuficiente para resolver los problemas actuales.
Luego, el miércoles 15 de mayo, se dieron a conocer dos resoluciones de la Secretaría de Educación que aumentaron, para la UBA, 270% el presupuesto para gastos de funcionamiento y 300% para los hospitales universitarios y las funciones del área asistencial, respecto del presupuesto sancionado en 2023. Esta primera resolución del gobierno estaba destinada exclusivamente a la UBA, que concentra el 18% del presupuesto universitario. Luego, al cierre de esta edición, se dio a conocer el compromiso del gobierno de extender este aumento al conjunto de universidades.
El Consejo de rectores (CIN) había expresado mediante un comunicado que el aumento para la UBA implicaba “el reconocimiento por parte del gobierno de uno de los aspectos del problema”, a la vez que denunciaban como “provocador que se reconozca sólo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne un conjunto de 60 universidades”. Al cierre de esta edición no se publicó aún un comunicado oficial del CIN ante el compromiso de aumento por parte del gobierno. La concreción de este compromiso significaría un triunfo frente a un gobierno que inicialmente se mostraba inflexible.
A la vez, sigue pendiente el aumento presupuestario para los salarios de docentes y no docentes, que ya perdieron más del 50% frente a la inflación. Los salarios representan el 85% del presupuesto total. El gobierno ofreció un miserable 9%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y se va a una nueva reunión paritaria para el 28/5. Los sindicatos mantienen la convocatoria a la jornada de visibilización para el 22 y un nuevo paro para el 23 de mayo.
Un balance de lo conquistado
La movilización le puso un límite político al gobierno que, golpeado por la masividad, acusó hipócritamente de instrumentación política de una “causa noble”. Pero obligado a retroceder, aprovechó el servilismo de diputados y senadores de la UCR como De Loredo, que votó las dos veces a favor de la Ley Bases y defiende el DNU, y al cual ahora le pagan con la Universidad de Río Tercero. También de las tres diputadas que responden al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y al senador Martín Lousteau que, aunque venía de votar en contra del DNU, finalmente fue a negociar a Casa Rosada.
A la par de la compra-venta de votos para su entreguista Ley Bases, intentó dividir al movimiento universitario con un aumento discrecional y provocativo como denunció el CIN. Pero fracasó porque tuvo que otorgar el aumento al conjunto de las universidades ante el riesgo de que el aumento fuera aprobado en una sesión especial de Diputados.
