La Ley Bases evidencia la mentira de Milei, que en campaña había dicho que antes de aprobar un nuevo impuesto “se corta un brazo”. Ya en el gobierno, se demuestra que no le cuesta tanto volver a imponer el impuesto al salario, cuya eliminación había acompañado con su voto como diputado en campaña. Pero se suma la provocativa baja de impuesto a Bienes Personales y el blanqueo.
En diciembre, con la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias habían sido eximidos del impuesto al salario unos 800 mil trabajadores. Ahora, si finalmente se sanciona el proyecto votado en Diputados, volverían a pagar el impuesto quienes cobren más de 15 salarios mínimos, que hoy está en 234 mil pesos. Dado el atraso de esta cifra, regulada por el Poder Ejecutivo, la cantidad de trabajadores alcanzados podría llegar al millón.
Mientras tanto, el proyecto de Ley Bases promueve una baja progresiva del impuesto a Bienes Personales, llegando a un 0,25% en 2027. En 2023 se eliminaría la escala máxima actual del 1,75%, quedando la de 1,5%. De más no está insistir que esta baja de impuestos a los ricos se financia con el impuesto al salario.
Junto con todo esto, se lanza un nuevo blanqueo a fugadores, que pagarían un 5% por sobre los 100 mil dólares que declaren. Pero si el dinero ingresa al sistema financiero argentino o inversiones, también “pagaría” una tasa del 0% por haber evadido. A menos que quieran retirarlo de las cuentas antes de diciembre de 2025, en cuyo caso sí pagarían un módico 5%. Aunque ya habría pasado la elección legislativa de medio término.
Pero por si a alguien no quedaba claro el sesgo antipueblo, el proyecto incluyó la eliminación del monotributo social junto con la actualización de alícuotas en monotributos. Ante semejante desprecio injustificado hacia los sectores más pobres, con bajo costo fiscal pero altísimo social, el diputado Itaí Hagman planteó el problema y se incluyó en el articulado una postergación de 90 días para aplicar estos cambios (si se aprueba la ley). En este tiempo debería resolverse cómo quedaría esa categoría, porque el gobierno rechaza la redacción actual.
