La salud sigue enferma

La situación del sistema público de salud luego de la crisis del 2001 era calamitosa: falta de insumos básicos, de medicamentos, retrasos en los pagos, etc. Por esto, el sólo hecho de la reactivación económica de los años posteriores significó una mejoría en las condiciones del sistema de salud público. Sin embargo, como veremos, esta reactivación de por sí no implicó un cambio en la estructura del sistema público de salud que permita lograr una solución.

De este modo, en esta década si bien la mortalidad infantil bajó del 16,5‰ al 11,2‰, esta cifra continúa siendo muy alta comparada con países con similar gasto en salud. Además, se han mantenido las tremendas desigualdades entre las provincias: en la CABA es del 7,2‰ y en Formosa del 17,4‰.

Otro ejemplo es la mortalidad materna, que prácticamente no se modificó (4,6 por 10.000 a 4,4 por 10.000 entre 2003 y 2012) y la muerte relacionada con abortos inseguros sigue representando su primera causa.

También es alarmante la reaparición de enfermedades que estaban casi extinguidas como el dengue. Se han reducido los casos de chagas agudo sintomático, pero la transmisión a través de la vinchuca sigue siendo alta en la mayoría de las provincias endémicas. El chagas crónico afecta al 4% de la población y hay 300.000 enfermos con cardiopatía chagásica. Esta es una enfermedad de la pobreza que sigue sin resolverse, existiendo hoy conocimientos científicos y condiciones materiales suficientes para su erradicación.

Sin cambios estructurales

Estos decepcionantes indicadores de salud tienen sus causas: Se ha mantenido la fragmentación del sistema, sin un plan integrado de salud. Así, los programas financiados por el BID y el Banco Mundial se han mantenido y ampliado.

Un ejemplo es el plan Remediar, que en un principio significó un paliativo para el acceso a medicamentos y otros insumos; pero ahora ya se ha convertido en el principal instrumento de provisión de esos insumos, profundizando la tercerización de la producción de medicamentos en laboratorios privados. El Estado ha pagado más de 90.000 millones de dólares a esos laboratorios para compra de medicamentos, distribución y consultorías, pero invirtió menos del 10% de esa suma en recursos propios para equipar a los laboratorios públicos. La Ley de producción pública de medicamentos sancionada en 2011 sigue sin aplicarse.

El plan Nacer y el recientemente lanzado plan Sumar, si bien dan algunas respuestas puntuales, en definitiva profundizan la fragmentación del sistema de salud, pregonan un modelo empresarial de gestión de salud y no resuelven los problemas.

El Estado continúa dirigiendo las políticas de salud al servicio de la salud privada. El leve aumento del gasto total destinado a salud (de 9,2% a 10,2% del PBI entre 2000 y 2010) ha sido principalmente a expensas del sector privado, que pasó de representar el 46% al 48% del total del gasto (ver infografía). En cambio, el gasto público apenas creció del 2,0% al 2,2% del PBI y el Estado Nacional destina apenas el 0,34% del PBI (el resto lo ponen las provincias y los municipios). Por eso una importante proporción del “gasto” en salud continúa terminando en las prepagas y, fundamentalmente, en los grandes laboratorios y empresas de tecnología.

Con estas políticas entendemos por qué la proporción de camas públicas se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo de las últimas décadas. La década K no ha sido la excepción (ver infografía).

La situación de los trabajadores de salud

Sin el presupuesto necesario, se ha profundizado un modelo de precarización laboral. La cantidad de personal asignado es insuficiente y su distribución inadecuada, especialmente en las zonas rurales del interior de las provincias. El aumento de infraestructura (25 hospitales inaugurados –algunos más de una vez – y refacción de hospitales y centros de salud) en general no se ha acompañado del recurso humano necesario. Existe un déficit de 90.000 enfermeros en todo el país. Aproximadamente el 30% de los profesionales están precarizados, llegando al 50% en Santiago del Estero y al 90% en San Luis. El programa nacional Médicos Comunitarios, que “emplea” a la mayoría de los profesionales encargados de la atención primaria de la salud en los centros periféricos, son todos precarizados. El funcionamiento del sistema público se hace gracias al tremendo esfuerzo de los trabajadores de la salud, con jornadas extenuantes de trabajo y salarios que son devorados por la inflación.

Así entonces, en esta década no ha habido un sólo año sin alguna lucha de los trabajadores de salud por mejoras en las condiciones laborales y por mejoras en insumos o infraestructura. Podemos destacar la histórica lucha del Hospital Garrahan en el 2005, en el 2009 en Tucumán, Jujuy, en 2011 en el Hospital de Niños de la CABA, entre muchas otras. En estos conflictos se han desarrollado y fortalecido organizaciones gremiales y sindicales, como FESPROSA (federación de profesionales de la salud), ATE, diversas asociaciones profesionales y comisiones de residentes.

¿Continuadores de la política de Carrillo?

El gobierno ha pretendido mostrar su política en salud como continuadora de Ramón Carrillo, principal exponente de la medicina social en Argentina y primer ministro de Salud de la Nación, entre 1946 y 1954 (durante el primer peronismo). En esos 8 años construyó y estructuró un sistema de salud público prácticamente de la nada: 141 hospitales, 3000 centros de salud en casi todas las ciudades y pueblos de la Argentina, la primera fábrica nacional de medicamentos, entre muchas otras. Estas obras se acompañaron de insumos, recurso humano adecuado y un plan integrado de salud basado en la medicina preventiva.

Pero en 10 años, este gobierno, con un crecimiento económico nunca antes visto, si bien realizó algunas mejoras, mantuvo la misma estructura del sistema público de salud de los años ´90, favoreciendo al sector privado de prepagas, grandes laboratorios y empresas de aparatología. Así no es posible solución para que el pueblo garantice su derecho a la salud.

Es necesaria una profunda transformación hacia un sistema de nacional integrado de salud, público, gratuito, universal, igualitario, eficiente, accesible geográfica y culturalmente a todo el pueblo. Hay que retomar las mejores experiencias de la medicina social y de los procesos revolucionarios como China en su momento. Estos cambios son posibles si avanzamos en un camino de liberación nacional y social.