El domingo 21 de febrero se realizó un referendo constitucional para aprobar o rechazar la posibilidad de que Evo Morales se postule a una nueva reelección. En un ajustado resultado se impuso el NO con 51,31% frente a 48,69% de votos por el SI, una diferencia de unos 150.000 votos.
De esta manera Evo Morales ve impedida la chance de un cuarto mandato consecutivo, que le hubiera permitido mantenerse en el gobierno hasta el año 2025.
Si bien mantuvo un importante caudal de apoyo, lo que muestra el arraigo de su figura en el pueblo boliviano, el resultado expresa también el deterioro de la situación boliviana, con una economía primarizada con fuerte peso de los hidrocarburos, la minería, la generación eléctrica y los recursos ambientales, donde –a excepción de la soja– cae la producción de alimentos, altos índices de precariedad laboral y atraso del salario mínimo en comparación con la canasta familiar. En este contexto sufrió durante la campaña denuncias sobre supuestos casos de favoritismos en los contratos con una empresa china, gestionada localmente por una supuesta amante de Evo Morales, o de corrupción en el Fondo Indígena.
En un país dependiente, poco industrializado, con gran peso del extractivismo en su economía y donde no se ha realizado a fondo una reforma agraria, la caída de los precios de los commodities y el deterioro de la economía del imperialismo chino –en el que se había recostado– le ponen al proyecto de gobierno de Evo Morales –como viene sucediendo con otros gobiernos en Latinoamérica– un signo de interrogación a su continuidad más allá de su actual mandato.