Vamos por el paro de 36 horas

Sin pan

El pacto de Macri con el FMI va agravando las penurias populares. La política de “reducción de gastos y el achique del estado” es la responsable de la sub ejecución o paralización de las obras en las escuelas con consecuencias fatales, como las muertes evitables de la docente y el auxiliar por el escape de gas en la escuela Nº49 de Moreno (Buenos Aires). Así se desnuda las dramáticas condiciones en que trabajan miles y miles de docentes y estudian los hijos del pueblo en la escuela pública.

“Los comedores no dan abasto y se multiplican como hongos”, denunciaban vecinas de las barriadas del conurbano profundo de la misma provincia. Hay hambre en los barrios obreros donde pululan los que antes asistían a los establecimientos fabriles y hoy no tienen trabajo ni perspectiva de encontrarlo. Hay amargura en las caras de los desocupados y desocupadas.

Ahora se ven venir los efectos del tarifazo a la luz y los combustibles sabiendo que eso va impactar en la canasta de alimentos y servicios. Pero esto no solo golpea en los sectores más humildes del pueblo, sino en los sectores medios que son duramente castigados por esta política.

El cinismo de la imagen de la gobernadora Vidal, sonriente al otro día de las muertes en Moreno, y la frase del presidente en ese mismo acto, en cuanto al “problemita” de un escape de gas, muestran el desprecio por el pueblo. Pero también muestra la subestimación, creyendo que las frases “edulcoradas” o “firmes” pueden engañar para siempre a los argentinos… ¡Se equivocan! La realidad y los hechos muestran el final de la mentira. Y la lucha el camino para terminarla.

La realidad es que a los jubilados se les otorgó el tercer aumento –como establece la nueva ley– para el mes de septiembre que será de 6,68% y un acumulado de 19% para el año. Pero la propia inflación de mentira que dice Macri ronda el 30% y la real sería de 35%. O sea, se establece que los jubilados perderán 16% de sus haberes con respecto a la inflación, de apenas $8.637.

Y los ocupados no están lejos de esa realidad en cuanto a salario-inflación, ya que se está pautando recomposición de un 25%. O sea, les roban un 10% sobre una inflación de 35%. A esta dura realidad se le suman los permanentes despidos en la industria y cierres de pymes producto de la ola importadora que es parte del plan económico de libre importación.

El acuerdo con el FMI establece recortes presupuestarios en las provincias, ya que la Nación echará mano a las “transferencias no automáticas” que destina a las provincias, aunque éstas sostienen que el mayor déficit es de la Nación y que no pueden reducir personal y cortar la obra pública. La pulseada no será fácil, ya que en el gasto público de las provincias los sueldos se llevan casi el 50% del total. Algunas se endeudaron en dólares para hacer frente a los gastos corrientes. En los últimos dos años, emitieron deuda por 11.000 millones de dólares a una tasa promedio del 8%. La situación de las economías regionales es crítica en varias regiones producto de la desindustrialización, la importación, la caída del consumo y la inflación.

Con circo

El gobierno aprovecha la precaria estabilidad del dólar –sostenida con los préstamos del FMI– para mostrarse a la ofensiva, calculando que se está saliendo del peor momento mientras vuelven a desempolvar uno de los “principios” de la alianza gobernante como sería “terminar con la corrupción en la obra pública”. No cuentan con demasiado tiempo para el circo mediático de los “cuadernos de la corrupción”, porque la base de la operación es la relativa estabilidad en la economía. El despliegue cinematográfico de los medios como Clarín o América, con jueces como Bonadío o fiscales amigos como Stornelli, tiene un claro mensaje: “se abre la posibilidad de terminar con la corrupción y dar vuelta una página histórica en nuestro país”.

Esta operación es a la medida de Cambiemos. Se violan los principios elementales del derecho como hacer valer fotocopias para incriminar, y se avasallan las propias instituciones del sistema republicano metiendo presos a algunos por el solo hecho de ser mencionado. Se deja en libertad a los hijos del poder de turno, como el primo del presidente Ángelo Calcaterra: el príncipe de la obra pública, testaferro del propio presidente Macri en la empresa IECSA, ahora administrada por otro ceo, testaferro, Damián Mindlin. Y quedan en “foja cero”, sin ningún detenido, las denuncias escandalosas de aportantes truchos y lavado de dinero en la campaña electoral de Cambiemos, donde aparecen los damnificados desocupados que cobran planes sociales y jubilados.

Por eso, este “lavajato” criollo tiene un claro objetivo político en golpear a la oposición kirchnerista, en particular a CFK, mientras se desvía el centro de atención del ajuste feroz, las muertes en Moreno y los despidos.

Pero a la par, también se golpea a otro sector opositor como son los sindicatos que enfrentan esta política, como el sindicato de camioneros de Hugo Moyano donde el Ministerio de Trabajo decretó una multa desde de 1200 millones de pesos. Precisamente desde Camioneros se viene impulsando junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas la Multisectorial 21F (por el acto multitudinario el 21 de febrero). La misma suerte corrió el Suteba, con otra multa de 600 millones de pesos. Así buscan quebrar los organismos de masas de los trabajadores que resisten el ajuste del gobierno. Justamente son los sindicatos opositores.

Patear el tablero

El FMI pide que se cumplan las clausulas de inflación 32% –ya hay denuncias de modificaciones en los índices del Indec– para poder llegar, pero también exige que se avance con la reforma laboral. Para eso deben avanzar en la persecución gremial y la modificación de los Convenios Colectivos.

La situación del pueblo es cada vez peor. Nadie aventura como se llegará hacia fin de año. La pulseada es día a día y el gobierno lo sabe. Apuesta a que esta relativa estabilidad, más las operaciones políticas, le ayude a encarar el año electoral.
Pero la situación del pueblo exige que se vaya preparando en cada fábrica, oficina, escuela, universidad, chacra el PARO NACIONAL ACTIVO DE 36 HORAS que dé continuidad a las jornadas de luchas nacionales que se realizaron.

Los obreros de Astilleros Río Santiago que resisten al cierre de su fuente de trabajo, los de Atucha Zárate que fueron despedidos, los de la energía atómica que luchan contra el desguace de las áreas estratégicas, los docentes que no se resignan a los sueldos a la baja y las miserables condiciones de trabajo, las organizaciones sociales que exigen fuente de trabajo y mayores partidas para las cooperativas y programas, las mujeres que hacen historia en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, los pequeños productores que se niegan a desaparecer y resisten esta política para un puñado de agro-exportadores de soja, o los obreros petroleros que son flexibilizados para que se garantice la rentabilidad de los monopolios que se llevan las remesas al exterior favorecidos por la política del gobierno nacional.

Todos ellos necesitan que ese paro activo de 36 horas que ponga al pueblo en las calles con los trabajadores a la cabeza para terminar con esta política antes que sea demasiado tarde. Aquí radica nuestro principal esfuerzo en el período actual. En cualquier caso, la lucha popular sirve tambièn a que el gobierno llegue lo mas condicionado y desgastado posible a las próximas elecciones. Trabajamos para poner en pie el Nuevo Movimiento Popular para la Liberación y un Frente de Unidad Popular con los sectores y corrientes que se proponen derrotar a este gobierno y abrir una nueva situación, donde el pueblo pueda estar en mejores condiciones para luchar por sus necesidades y para avanzar hacia la liberación nacional y social, como lo planteamos en nuestro programa de 15 puntos.