El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe de 55 páginas haciendo un balance a un año de la aprobación de la Ley Bases. Dicho informe concluye que esta ley no sólo fue regresiva en cuanto a destrucción de políticas públicas y recaudación tributaria, sino que ni siquiera logró las esperadas inversiones para las que regaló el RIGI a los monopolios. En síntesis:
• La delegación de facultades atentó contra la institucionalidad
• Desmanteló políticas públicas y soberanas del Estado.
• Promovió un esquema tributario regresivo.
• Promovió más precarización y menos empleo.
• No logró inversiones significativas, ni incentivó la producción.
Resumimos los principales aspectos descriptos en el informe, aunque se recomienda su lectura para tener una visión abarcativa de la demolición antinacional que ha significado esta Ley Bases.
Degradación institucional
El informe de CEPA revela que la Ley de Bases se convirtió en una herramienta de concentración de poder en manos del Ejecutivo. Bajo su paraguas se dictaron 157 decretos con rango legislativo (75 DNU y 82 delegados), de los cuales 61 se ampararon directamente en la norma. Así vaciaron el rol del Congreso y debilitaron la división de poderes.
Desmantelamiento de políticas públicas y soberanas
Miles de trabajadores fueron despedidos en organismos científicos (CONICET, INTI, SENASA), en servicios sociales (ANSES, ARCA/ex-AFIP) y otros. Se eliminaron organismos como el INADI, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el ENTE Vía Navegable y otros culturales y educativos fundamentales. Además, desaparecieron 20 fondos fiduciarios vinculados a vivienda social, tecnología, emergencias y derechos humanos, incluyendo PROCREAR, PROGRESAR, FONDOS para víctimas de trata, etc.. ARCA perdió casi 3.000 empleos, y el sistema científico estatal se quedó sin capacidad operativa efectiva. Al totalizar hasta abril de 2025, se contabilizan más de 50.500 despidos en el sector público: un 14,7% del total.
“En cada una de las áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado”, denuncia CEPA.
Mientras el informe de CEPA se terminaba de elaborar, en el último día de vigencia de las facultades delegadas del Congreso se publicó el Decreto 462 que interviene al INTI e INTA. Estos institutos pierden así su autarquía y se disuelven sus órganos directivos nacionales. Todo esto con el objetivo de achicar su presupuesto, sin importar el rol clave que tienen en nuestra producción nacional.
Privatización y vaciamiento de empresas públicas
“El impulso de las privatizaciones, al igual que en los noventa, se orienta a conseguir financiamiento para mantener el modelo basado en la apreciación cambiaria, vendiendo empresas sin importar su resultado económico – financiero y su finalidad pública”, afirma el informe. La Ley Bases no solo habilitó privatizaciones explícitas de entidades como ENARSA, Corredores Viales, Belgrano Cargas o Intercargo, sino que también disparó sentencias de vaciamiento e intentos de venta de empresas sin autorización del Congreso, como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Banco Nación (aunque este último con trabas judiciales).
Estas transformaciones se hicieron con impacto negativo sobre la soberanía tecnológica o energética, como en el caso de IMPSA o YCRT. Con la privatización de IMPSA, Argentina perdió la capacidad de producir turbinas generadoras de electricidad o la tapa recipiente del reactor nuclear CAREM, entre otras cosas.
Sistema impositivo más regresivo
La reforma tributaria redujo las alícuotas de Bienes Personales y reinstauró el impuesto a las Ganancias para trabajadores, con topes más bajos. Esto implicó que alrededor del 12,2% de los trabajadores registrados empezaran a tributar, frente al 1,7% previo. En otras palabras, quienes viven de un salario pasan a pagar más, mientras que se aliviaba la presión sobre los grandes patrimonios.
Por un lado, la reducción de Bienes Personales se contradice con el proclamado superávit fiscal. Por el otro, su reducción no tiene relación directa con el fomento de la producción. Si bien es cierto que con el blanqueo el gobierno logró inicialmente ingresar importantes cifras de dólares al sistema bancario, estos fondos se han ido yendo paulatinamente a medida que cumplían sus plazos de “estacionamiento” (parking). En definitiva, la política impositiva del gobierno ejemplifica la reivindicación de la desigualdad social por parte del propio Milei.
Derrumbe del empleo registrado y más precarización
El impacto sobre el mercado laboral es contundente: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, se perdieron más de 242.896 empleos registrados y desaparecieron 12.638 empleadores, especialmente en pymes.
En definitiva, la reforma laboral no solo no mejoró el empleo formal, sino que lo precarizó aún más: se extendieron los períodos de prueba (hasta 12 meses) y se creó la figura del “colaborador” (que permite enmascarar relaciones de dependencia como autónomos monotributistas). Mientras tanto, la informalidad trepó al 42 % del mercado laboral, un récord en décadas.
RIGI y el fracaso de la inversión extranjera
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), promocionado como palanca del desarrollo, fue apenas un slogan. Solo cinco proyectos fueron aprobados, cuatro de los cuales ya estaban en carpeta antes del régimen oficial. No generaron empleo significativo ni atrajeron inversión extranjera real. Se entregaron beneficios fiscales y aduaneros sin exigencia de contenido nacional, transferencia tecnológica o impacto productivo.
Dicho de otro modo, todo el entreguismo sin límite del gobierno, sus loas a la desigualdad y la precarización laboral, el ajuste irracional, la crueldad contra empleados públicos, jubilados y niños ha sido muy fructífera para una minoría de ricos cuyos impuestos fueron reducidos, monopolios que recibieron jugosos beneficios y fondos financieros que acumularon suculentas ganancias con la bicicleta financiera (que garantiza el carry trade de los fondos buitres). Pero para el pueblo y la Nación argentina es una catástrofe que estrangula el mercado interno, aplasta la producción nacional, destruye industrias y empleos e hipoteca nuestro futuro con nuevos endeudamientos.
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