Al cierre de esta edición se producía un masivo y contundente paro de la docencia universitaria en todo el país, afectando el normal inicio del ciclo lectivo 2026 y poniendo de manifiesto la profundidad de la crisis universitaria. La medida de fuerza, convocada para toda la semana por CONADU y CONADU Histórica, expresa una situación de agonía del sistema universitario, mientras el gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Argumenta su ilegalidad en que no hay fondos, pero a la par aumenta los subsidios y las exenciones impositivas a los monopolios. El objetivo de gobierno es desarticular el sistema público universitario, porque simplemente no sería necesario en su proyecto de economía primarizada y “peruanizada”.
Según los cálculos de CONADU Histórica, la docencia universitaria ha sufrido una pérdida de alrededor del 38% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Una caída brutal que en términos concretos equivale a casi cinco salarios anuales evaporados por efecto de la inflación y la falta de recomposición. Esta situación ha llevado a un proceso creciente de renuncias, migración de docentes y deterioro de las condiciones de enseñanza e investigación. Por su parte, los rectores de las universidades nacionales advirtieron, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que la situación del cuatrimestre es crítica y reclamaron la urgente apertura de paritarias y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento.
Este paro aparece como la primera medida de un conflicto que tiende a profundizarse. Los gremios ya están discutiendo nuevas medidas si no hay respuestas del gobierno. Además de los paros, se ha comenzado a preparar una nueva marcha federal universitaria. La masividad y contundencia de la medida no sólo reflejan el malestar de docentes y no-docentes, sino que anticipan un ciclo de confrontación más agudo en defensa de la universidad pública, sus trabajadores y su función social.
