El pasado 5 de febrero, los trabajadores de la ex Secretaría de Integración Socio Urbana —a través de ATE— nos enteramos de que el gobierno de Milei pretende cerrar la secretaría y pasar sus funciones a una dirección nacional. Para ello, se nos informó que los contratos sólo tendrán vigencia hasta el 28 de febrero. Este cierre implica la pérdida de alrededor de 300 puestos de trabajo estatales y se traduce en una pérdida de más de 25.000 puestos laborales en las barriadas populares del país, además de 700 obras que quedan paralizadas y sin resolución por parte del Estado.
Las políticas de integración socio-urbana están enfocadas en mejorar las condiciones edilicias y de acceso a servicios en más de 6.400 barrios, que afectan en total a 6 millones de personas. Con este nuevo recorte, el gobierno intenta darle la estocada final a una política que fue destacada por diferentes organismos y sectores políticos por su transparencia y capacidad de ejecución. Ya en 2024 sufrimos una campaña difamatoria en los medios; en 2025 se eliminó el fideicomiso y se redujo el porcentaje del impuesto PAIS destinado a la financiación de las obras. Quienes trabajamos en la secretaría lo hacemos con mucho compromiso y dedicación, aunque en esta etapa se complica cada vez más, producto del congelamiento y la pérdida salarial de los estatales. Este ajuste que cae sobre nosotros se traduce en un lento pero constante desangramiento de compañeras y compañeros que se van porque el salario que cobramos no alcanza para subsistir.
Frente a este panorama, los y las trabajadoras hemos realizado asambleas y jornadas de concientización en la vía pública: cortando la calle con carteles y juntando firmas en Diagonal Norte. También, junto con las organizaciones sociales y otros sectores de la sociedad, realizamos una gran movilización al Ministerio de Economía para reclamar por el mantenimiento de la política y los puestos de trabajo. Esa lucha dio sus frutos: logramos que se extendiera por dos meses más la continuidad de los contratos, y que durante el período de reestructuración se contemplarán las funciones y el personal necesario para llevar adelante esas tareas.
Pero la lucha no termina. Los contratos que debían renovarse anualmente —a raíz de la aprobación del examen que inventaron a principios de 2025— siguen en duda. Por otra parte, en busca de la profundización de su política de ajuste, el gobierno emitió un decreto degradando la subsecretaría dentro de las funciones de un área de obras públicas perteneciente al Ministerio de Economía. Este nuevo hecho, sumado a algunas consideraciones sobre el edificio en que trabajamos, genera una nueva alerta: por eso, esta semana habrá asamblea y se plantearán los pasos a seguir.
