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Jujuy es una muestra de lo que es el “diálogo” según Juntos por el Cambio: obedecer al gobierno o sufrir las consecuencias de la represión. Como no cesan los cortes de ruta y no se llega a un acuerdo con los docentes, desde el gobierno de Gerardo Morales y la “Justicia” provincial a su servicio lanzaron a principio de julio una veintena de pedidos de captura a dirigentes originarios, políticos y sociales. La gran mayoría fue liberada poco antes de cumplirse 47 años de la Noche del Apagón en Ledesma, sin imputaciones por falta de pruebas. Además, la policía provincial ingresó ilegalmente a la Universidad Nacional de Jujuy, violando su autonomía, lo que derivó en la denuncia de la propia universidad e incluso del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores.
Las detenciones arbitrarias
En la madrugada del 13 de julio se produjeron las detenciones de 13 dirigentes sociales y políticos en Jujuy. Las acusaciones del fiscal Fernando Alancay –designado por Morales en 2020– eran de “sedición y privación ilegítima de la libertad” por la movilización del 20 de junio, entre otros. Finalmente, luego de cinco días de detención y no habiendo pruebas concretas, fueron liberados desde el Penal de Alto Comedero nueve detenidos sin imputación judicial. La operación político-judicial fue un intento de amedrentamiento. Otros tres jóvenes y el abogado Alberto Nallar continuaban con prisión preventiva.
Violación de la autonomía universitaria
Casi en simultáneo con las detenciones, la policía provincial violó la autonomía universitaria al ingresar a un predio de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) sin identificación. En este caso, el intento de amedrentamiento ya ni siquiera fue intermediado por otro Poder del estado sino que fue bajo las órdenes directas del gobernador. El Consejo Superior de esa universidad se encontraba sesionando y la Universidad respondió repudiando públicamente el hecho. “Estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra (…) Los hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social”, expresó mediante comunicado la UNJu. Al repudio se sumó la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional.
47 años del Apagón
En este contexto, el 20 de julio en Jujuy y en el resto del país se recordó la nefasta Noche del Apagón de Ledesma de 1976, cuando centenares de personas fueron secuestradas en Libertados San Martín (Dto. De Ledesma en Jujuy) y de las cuales permanecen desaparecidas una treintena. La jornada sirvió además para denunciar la represión de Morales y abrazar la lucha del pueblo jujeño.
La lucha continúa
El conflicto docente sigue sin solución y las comunidades siguen sosteniendo siete cortes de ruta en la provincia. Uno de los conflictos de fondo es quiénes se verán beneficiados con la explotación del litio y las tierras raras. Los bajos salarios estatales y el ataque a las comunidades del interior de la provincia evidencian que lo que promueve el gobierno de Morales y Juntos por el Cambio es una política extractivista en beneficio de monopolios extranjeros, para quienes el pueblo debería cumplir simplemente la función de mano de obra barata.
