Al cierre de esta edición, aún quedaban cinco detenidos de la movilización contra la Ley Bases. Pero los restantes 28 ya habían sido liberados por “falta de mérito”, según resolvió la jueza María Servini luego de la movilización a Plaza de Mayo. Tras revisar más de cien horas de filmaciones de la represión, no encontró pruebas para sostener acusación alguna. Por otra parte, a los cinco detenidos –que fueron procesados y tienen prisión preventiva– no se les atribuye ni “terrorismo” ni “sedición” ni “intento de golpe de estado”, como había proclamado el gobierno mediante comunicado oficial.
En definitiva, las detenciones fueron completamente arbitrarias, con el objetivo de amedrentar la resistencia popular y sembrar miedo para acompañar el nefasto plan antipopular y antinacional de Milei. Según Milei “No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de eso, el que las hace las paga.
Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos”, negando el carácter de los detenidos que ya fueron trasladados a cárceles.
El gobierno primero había desatado la represión sobre Av. Callao y gaseando burdamente a Carlos Castagneto y otros diputados. Minutos más tarde, tras nuevas provocaciones policiales, desató la represión contra todxs los manifestantes para vaciar la Plaza Congreso y las inmediaciones, lo que se prolongó durante horas. En ese lapso se produjo la llamativa quema de un automóvil de la Cadena 3. En total hubo 33 detenciones, entre jubilados, trabajadores ambulantes, estudiantes y otros ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta.
Las detenciones policiales fueron inmediatamente apuntaladas por el nefasto Carlos Stornelli: un fiscal que fue prófugo de la Justicia cuando había sido acusado de espionaje ilegal y extorsión. Las grotescas acusaciones de “sedición” o “terrorismo” hechas por Presidencia y Stornelli insisten en el sentido de incluir a las Fuerzas Armadas en la represión a la protesta social.
La actitud y la dignidad de los liberados evidenció el fracaso del intento de amedrentamiento del gobierno. Por otra parte, un grupo de once diputados y diputadas de Unión por la Patria empujados y gaseados por la Prefectura en medio de la movilización denunciaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por apremios ilegales, vejaciones y abuso de autoridad. La Patria está en peligro y defender las libertades democráticas es también parte en la defensa de la Patria. En cumplimiento del derecho, exigimos la libertad a todos los detenidos.
