La exportación de litio es presentada como una gran oportunidad para nuestro país. Pero, en la medida que no está nacionalizado, es fundamentalmente en beneficio de los monopolios que reciben las concesiones provinciales. A estos monopolios apenas se les cobra una regalía del 3% calculado sobre sus declaraciones juradas. Hoy se exporta la sal de litio e importamos las baterías. Hubo algunos anuncios de instalación de empresas extranjeras para la fabricación de baterías, pero sigue sin garantizarse el desarrollo nacional en la medida que no haya transferencia tecnológica. Los gobiernos nacional y provinciales vienen sosteniendo este esquema noventista así como está, como parte de la supuesta “fábrica de dólares” primario-exportadora.
Estamos hablando de uno de los recursos estratégicos más codiciados del planeta, dado que las baterías no solo se utilizan en celulares sino además en vehículos eléctricos; y también por sus aplicaciones militares. La perspectiva es que la electromovilidad vaya reemplazando a los actuales vehículos impulsados por combustibles. Por este motivo, todas las automotrices están interesadas en garantizarse este recurso. Argentina, junto con Chile y Bolivia, tienen en su territorio la principal reserva de litio: el llamado “Triángulo de litio”, que posee cerca del 60% de las reservas conocidas globalmente.
Industrialización o saqueo
La primera medida de una política soberana sería nacionalizar el litio, y considerarlo como un bien estratégico y no como una sustancia concesible (categoría en la que fue incluida por la última dictadura). Chile, Bolivia y Brasil ya lo tienen definido como un bien estratégico. México acaba de nacionalizar por ley este recurso y su explotación quedará a cargo de una empresa estatal. Pero Argentina sigue sosteniendo la legislación entreguista de la dictadura reforzada por el gobierno menemista en los ‘90. Según esto, además, no se puede cobrar más del 3% de regalías por su explotación.
En el caso de la legislación chilena, impone un cobro de hasta un 40% cuando la tonelada del carbonato de litio supera los 10 mil dólares (hoy está en 60 mil). Bolivia impulsa desde 2008 un plan nacional de industrialización, que prevé desarrollar la producción con la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano asociada con empresas privadas para la producción de baterías.
Argentina debería utilizar su desarrollo científico-tecnológico para desarrollar la producción estatal y su cadena industrial. Esto no niega la posibilidad de asociarse con empresas privadas, pero siempre con la mira puesta en lograr la autonomía tecnológica y productiva del litio. Esto implicaría crear una comisión nacional del litio, que centralice los esfuerzos del Estado. Un buen ejemplo de esto es la energía nuclear, desarrollada a partir de la creación de la CNEA y convenios de transferencia tecnológica. La centenaria YPF es también un claro ejemplo de empresa estatal (ahora con mayoría estatal) que contribuye a la soberanía energética y precios accesibles de combustibles. El involucramiento activo del Estado es imprescindible porque no hay empresa privada nacional que tenga capital suficiente para competir con los gigantes de los países centrales.
Si el Estado sigue con la legislación noventista y sin definir un rol productivo activo, la explotación del litio no será más que un saqueo: que deja salarios pero que se lleva las superganancias en conteiners llenos de sal de litio. Para peor, la gran esperanza de que de este modo se logren ingresos importantes de divisas extranjeras quedará limitada por la remisión de utilidades de los monopolios extranjeros. Hoy por hoy, la producción del litio está en manos de Orocobre S.A. (Canadá), Toyota (Japón), Livent (EEUU), Lithium Americas, Jiangxi Ganfeng (China), Eramine (Francia), Ganfeng (China), Liex (China), Posco (Corea del Sur), Allkem (Australia), entre otros monopolios.
