En estos días asistimos a un bochornoso y repudiable espectáculo cuando una patota del PRO irrumpió en una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4 y agredió a los participantes con golpes de puño y armas blancas. Dos personas terminaron hospitalizadas: Fernando Abal medina (hermano de Juan Manuel, actual senador nacional y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner) con una contusión en el cráneo y Matías Scínica con una herida cortante en el cuello, ambos militantes kirchneristas.
Todos los testigos hablan de una “zona liberada” para el impune accionar de la patota ya que nunca apareció la policía. Los violentos estaban encabezados por Rodolfo “El Cordobés” Corzo y su hijo del mismo nombre, el cual ha sido filmado atacando cuchillo en mano a personas que se defendían escudándose con sillas. Padre e hijo son empleados públicos del gobierno porteño: el primero es agente de Policía Comunal desde 2011, bajo las órdenes del jefe comunal Jorge Apreda, quien encabezó dos veces la lista de comuneros del PRO; el segundo logró un contrato tercerizado con el Ejecutivo a través de la cooperativa de higiene Solidaria. La agresión se produjo con la clara intención de disolver la reunión y de amedrentar a los asistentes en un claro accionar mafioso. ¿Pero qué debatían los comuneros?
La Comuna 4 de la Ciudad comprende los barrios de La Boca, Parque Patricios, Barracas y Nueva Pompeya, y desde hace meses están detrás de un tema por demás candente para el barrio de La Boca: la venta de los terrenos conocidos como de “Casa Amarilla” al Club Atlético Boca Juniors. Se trata de tres hectáreas en total (dos manzanas completas más dos medias manzanas) que se encuentran justo detrás del club hacia la Avenida Paseo Colón. Esos terrenos eran municipales y estaban bajo la órbita del Instituto para la Vivienda desde que fueron declarados en emergencia urbanística por la ley 2.240. En los mismos se proyectaba construir 4.000 viviendas sociales destinadas a familias de bajos recursos de la zona, de las cuales la gestión macrista construyó tan solo 438, apenas un 10% de lo establecido por la ley original.
El “amigo” de Macri y actual presidente de Boca, Daniel Angelici, planea construir en esos predios un nuevo estadio para el club con capacidad para 80 mil espectadores sentados. Según un proyecto que el club presentó ante el Gobierno de la Ciudad, todo será bien al estilo europeo con shopping, restaurante, galería de arte, biblioteca, espacios de recreación, etc. Entonces la “sociedad” Macri-Angelici urdió un plan fraudulento para que el club se quede con los terrenos.
El Instituto para la Vivienda cedió esos terrenos al Ejecutivo de la Ciudad, en ese entonces encabezado por Mauricio Macri. Entonces Macri, mediante un decreto, se las transfirió a la Corporación Sur, la cual es un ente estatal destinado al desarrollo social y económico de la zona Sur de la Ciudad. Pero lejos de cumplir con su misión, la Corporación sacó a licitación esos terrenos en donde, curiosamente, el club Boca Juniors fue el único oferente. Así, luego de ocho años de idas y vueltas, complicidades varias y acuerdos espurios mediante, Daniel Angelici cumplió su objetivo de quedarse con el predio tan ansiado.
Los comuneros emitieron un comunicado rechazando todo lo actuado por la Ciudad porque “la maniobra es inconstitucional porque la venta de toda tierra pública debe ser aprobada por la Legislatura porteña. Esta obligación sólo puede evadirse si los predios son destinados a un fin social como educación, salud o seguridad. En este caso está claro que las hectáreas que el barrio pierde serán usados para la construcción de un estadio shopping que en nada beneficia a los vecinos.” Eso mismo debatían antes que irrumpieran los Corzo en “un intento de amedrentar a las organizaciones sociales que defienden sus derechos y denuncian los negociados”, según indicó a Página/12 el abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo. Y agrega: “El jefe de Gobierno debe dar explicaciones dado que los agresores son sus empleados”.
Claramente Macri y Angelici hacen negocios con la pasión de los hinchas. Porque los terrenos no los compra un particular sino un club sin fines de lucro. Boca es uno de los más populares del país, lo cual complejiza la discusión sobre los límites de lo legal y la corrupción. Pero la connivencia entre el Jefe de Gobierno y el presidente de Boca es innegable. Ambos tienen pasión, sin dudas, pero por los negocios.