Si bien hubo algunas modificaciones y rechazos importantes, el Senado aprobó en general la Ley Bases En el Paquete Fiscal rechazó las modificaciones en Ganancias y Bienes Personales que había sancionado Diputados. Se abre un interrogante sobre los cambios particulares en relación a la mayoría y posibilidad constitucional que tiene la Cámara de Diputados para dejar en firme su propuesta original o aprobar la del Senado. El gobierno negoció para lograr la aprobación general pero ahora insiste con no aceptar las modificaciones y rechazos resueltas por el Senado. Por ahora, ambas leyes –aún en proceso de sanción– incluyen:
Delegación de facultades al presidente
El Congreso aprobó las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año; y por este plazo delegó en el Poder Ejecutivo sus funciones legislativas en estas áreas. Esto implica que sus decretos podrán modificar leyes, aunque deberán ser revisados por la Comisión Bicameral.
Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI)
Las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares obtendrán con este Régimen: reducción de la alícuota de ganancias de 35% a 25%; retenciones cero a todas las exportaciones; arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas); requisitos de liquidación de divisas de sólo el 80% el primer año, 60% el segundo año, y cero a partir del 3º año de la inversión según Diputados o en el 4º según el Senado; prohibición a las provincias de crear otros impuestos y anulación de legislación provincial que contradiga el RIGI (para todas según Diputados, para las que adhieran al RIGI según Senado). Mantenimiento de estos beneficios por 30 años, definiendo un juzgado extranjero como ámbito de resolución judicial. El Senado enumeró los sectores a los cuales debería restringirse este régimen especial y agregó algunos condicionamientos en materia de producción local, mercadería importada y contratación de personal, pero todo está por definirse en Diputados.
Energía
Elimina la regulación que garantiza el autoabastecimiento. Es decir: una petrolera podrá exportar sin límites gas o petróleo, aún sin estar garantizada la demanda nacional. Por otra parte, liberaliza las tarifas con lo que, aún siendo un país productor de gas y petróleo, pagaremos la energía a precios europeos. Las petroleras, agradecidas. El pueblo, la producción y el comercio nacional, estafado.
Flexibilización laboral
Lleva los periodos de prueba sin indemnización de 3 a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, a 8 meses para pymes de 6 a 99 trabajadores y de un año para mini-pymes de hasta 5 trabajadores. Además, en este último caso no serán considerados trabajadores sino “colaboradores”, sin reconocimiento formal de la relación de dependencia con sus contratantes, y cuyos aportes previsionales y de obra social deberán realizarlos ellos mismos. La creación de la figura del “colaborador” es un caramelito para los pequeños comercios o empresas, pero que claramente no podrá contrarrestar el efecto de la brutal recesión detonada por la política gubernamental. También desregula el reconocimiento de horas extras y elimina las multas por trabajadores no registrados.
Privatizaciones y ajuste del Estado
Habilita el pase a disponibilidad de 180 mil estatales –aunque excluyendo a quienes estén de licencia, según el Senado–. “Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”, señala la normativa. Por otra parte, el Senado excluyó la posibilidad de privatizar a 15 entes e institutos, entre ellos: INTI, INTA, SENASA, CNEA y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si bien el Senado excluyó la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentina y Radio y Televisión Argentina (RTA), se ratificó la privatización total, parcial o concesión de Enarsa, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operador Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales S.A.
Blanqueo (en Paquete Fiscal)
Las personas físicas o jurídicas que se adhieran al blanqueo “quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones”. El Senado excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años (según Diputados eran cinco) e incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.
Impuestos
El Senado modificó la baja en Bienes Personales y rechazó la reinstalación del impuesto al salario, aunque el gobierno insiste en que se aprueben en Diputados.
Moratoria previsional
El Senado rechazó la derogación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 60/65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Si queda firme la versión del Senado, se mantendría la moratoria previsional aprobada durante el gobierno del Frente de Todxs.
