El tarifazo de Aranguren no es más que un negocio millonario para las empresas generadoras de gas. El aumento de la tarifa establecido en la resolución MEYM 28/2016 del 31/03/2016, firmada por el ministro Aranguren, reúne a dos aumentos: por un lado el incremento de los valores de transporte y distribución del gas que se les abona a las empresas transportistas y distribuidoras, y por otro lado el aumento del precio del gas en boca de pozo que se les paga a los productores del gas, las empresas petroleras.
Según un informe del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), a nivel nacional en promedio el 80% de la tarifa corresponde al valor del gas producido con el que se retribuye a las empresas petroleras, y el 20% a los transportistas y distribuidores. Para los usuarios residenciales ese porcentaje varía: el 65% pertenece al valor del gas y el 35% al de su transporte y distribución.
Por lo tanto, el tarifazo se debe en gran medida al aumento de un 75% promedio en el valor en dólares del gas en boca de pozo (el gas producido por las distintas petroleras): en primer lugar, la devaluación significó un incremento en los precios de un 45% promedio en pesos, y luego a ese aumento Aranguren decidió el aumento en dólares de un valor promedio de US$ 2,60 el millón de BTU (unidad de medida) a un precio de US$ 4,50 a 5,00 (según las cuencas) el millón de BTU: o sea un 75% aproximadamente en dólares. Estos nuevos precios superan incluso la tendencia del mercado internacional: en Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos meses cayó de entre US$ 3 a 4 el millón de BTU a menos de US$ 2,0. El incremento de Aranguren supera la devaluación y los valores de referencia internacionales.
Este aumento, además de afectar a los usuarios residenciales, industriales y comerciales, afecta también a las usinas eléctricas, con lo cual se traslada también al precio de la electricidad, aumentando aún más su costo para los usuarios. Estos aumentos se trasladan igualmente al GNC, que tendrá un precio mayor y rentabilidades proporcionales a lo largo de su cadena, por ejemplo para las estaciones de servicio: la petrolera Shell (de la cual es accionista el ministro de Energía) tiene 209 estaciones.
Con este nuevo precio garantizado a las petroleras, su facturación anual aproximada asciende de US$ 4.000 millones a US$ 6.800 millones. Una transferencia directa de U$S 2.800 millones desde los usuarios a la petroleras, con la firma de Macri y Aranguren.
El ministro fundamentó el nuevo precio del gas “…para promover inversiones en exploración y explotación del gas natural… así como para la incorporación de reservas…”. Sin embargo, las empresas ya tenían un precio garantizado para “gas nuevo” de entre US$ 5,40 a 7,50 el millón de BTU. Por lo tanto, este nuevo precio para la producción existente muy cercano al de la producción nueva alienta el consumo de la producción existente y desalienta la exploración, la producción nueva y el crecimiento de reservas.
El gobierno kirchnerista pasó años negando la crisis energética, hasta que la reconoció para justificar el contrato entreguista con Chevron. Ahora el macrismo usa este argumento para justificar el tarifazo y garantizar una ganancia extraordinaria para los monopolios petroleros. Para recuperar el autoabastecimieto energético en beneficio del pueblo hay sólo una forma: reestatizar la cadena de producción, transporte y distribución de la energía.
