“Sin el RIGI no hay LNG”, lanzó descaradamente el presidente actual de YPF, Horacio Marín, al gobernador Axel Kicillof en relación a la posibilidad de instalar una planta licuadora de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca. (Marín se refiere al GNL según sus siglas en inglés: Liquefied Natural Gas (LNG); aunque al menos habla en castellano, a diferencia de su jefe Paolo Rocca, ceo de Techint.)
Lo descarado de su extorsión casi se completa cuando, en la entrevista con Pagni (LN+), precisó su plan productivo: exportar sin límite petróleo crudo y GNL por Bahía Blanca (Buenos Aires) o Colorado (Río Negro) y, si sube la demanda energética nacional, importar GNL por Escobar a precios internacionales. El título Energía de la ley Bases apunta precisamente a esto: pagar nuestro gas y petróleo como si debiéramos importarlo.
Este proyecto sería para venderle el GNL a Europa, cuyos gasoductos Nord Stream I y II que proveían gas desde Rusia fueron destruidos tras la invasión a Ucrania. Sin referirse explícitamente a este contexto, el propio Marín reconoció que las compras de GNL deben sustanciarse con contratos de estado a estado. El objetivo, explicitado con el “Plan 4×4” de YPF, es incrementar las exportaciones de hidrocarburos a U$S 30.000 millones para el 2029 (una cifra que sería superior a las exportaciones actuales de granos y derivados). Es evidentemente que este proyecto para YPF excede lo económico y cumple un rol en la geopolítica.
Este plan, que según Marín “cuadruplicaría” el precio de las acciones de YPF, lo pagaremos con el alto precio de la energía local. Preguntado por cómo afecta a YPF su alta participación en la distribución local de combustibles, contestó desvergonzadamente que no la afecta mientras “no se meta la política”… Claro que no se refería a la política de bancar a Europa y la OTAN en la guerra de Ucrania; sino a la política para la cual fue fundada YPF de regular los precios locales, de modo de favorecer la producción agropecuaria e industrial nacional y al consumo popular.
