La jueza del Distrito Sur neoyorquino Loretta Preska –sucesora del Juez Griesa– ordenó al Estado argentino entregar el 51 % de acciones de YPF, para cumplir la sentencia dictada en su corte en 2023 por el litigio por la expropiación de la empresa. La intromisión colonial de esta jueza en los asuntos del país ha sido posible por la resignación de soberanía que significó la inclusión de tribunales extranjeros para zanjar litigios con las empresas privatizadas bajo la presidencia de Carlos Menem.
Este juicio fue iniciado en 2015 por Burford Capital, un fondo buitre que compró de manera irregular el derecho a litigar sobre atribuciones que los estatutos de YPF S.A. otorgaban a uno de los accionistas de la empresa. Se trataba del grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Este grupo había ingresado a la empresa de una forma cuestionable y poco transparente en 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando YPF era controlada por la empresa española Repsol desde 1999 tras su nefasta privatización en 1992 por el gobierno de Menem.
El desastre privatista con YPF
La gestión de Repsol, que finalizó recién en 2012, se destacó por la desinversión, la caída de reservas y de producción, y el giro de dividendos a su casa matriz para invertir en otros destinos. De esta manera se revirtió el proceso virtuoso que se había logrado con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), fundada en 1922 por el gobierno de Hipólito Yrigoyen y bajo la dirección del general Enrique Mosconi. Durante 70 años, la YPF estatal fue modelo para numerosos países. Se caracterizó por crear la capacidad exploratoria –descubriendo nuevos yacimientos de gas y de petróleo–, por la construcción de destilerías, gasoductos y oleoductos. En definitiva, por construir la infraestructura hidrocarburíferas siempre de la mano del fortalecimiento de las cadenas de valor industriales nacionales, avanzando hacia el autoabastecimiento energético.
Pero con YPF privatizada se perdió el autoabastecimiento energético y la situación se tornó insostenible durante la gestión Repsol-Eskenazi, con un déficit energético que alcanzó un pico de 6.000 millones de dólares anuales.
Reestatización parcial
En este contexto, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió intervenir y reestatizar parcialmente la empresa. En 2012 se votó en el Parlamento la expropiación de las acciones en manos de Repsol. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, acordó el pago de 5.000 millones de dólares como indemnización a la empresa española.
Los Eskenazi siguieron como accionistas minoritarios, pero ya no pudieron tomar dividendos. Esto llevó a la quiebra a su empresa, yendo a concurso de acreedores en Madrid. Allí se subastó el derecho a litigar, que fue comprado por el fondo buitre Burford. El argumento para el reclamo es que no ofrecieron comprar las acciones a los Eskenazi al mismo momento que a Repsol, no respetando un artículo del estatuto establecido con la privatización de YPF.
Tras la nacionalización parcial en 2012, y a pesar de mantenerse YPF como sociedad anónima cotizando en la bolsa de Nueva York y sujeta a los tribunales extranjeros, la nueva gestión de YPF empezó a restituir las capacidades exploratorias y a aumentar la producción de hidrocarburos. En aquellos momentos se empezó a desarrollar Vaca Muerta –descubierta años antes– a través de un contrato secreto con Chevrón. YPF se apropió de la tecnología de fractura para los yacimientos no convencionales y dio inicio a una nueva etapa para la Argentina que ha permitido frenar el declino productivo y recuperar el superávit energético.
Rechazar el fallo Preska
Sin profundizar en cuestiones técnico-jurídicas del fallo, y más allá de la suspensión momentánea del fallo en Estados Unidos, hay argumentos suficientes para la defensa en tribunales. Básicamente en reconocer que la estatización parcial de YPF mediante una ley es una cuestión soberana del estado y la Nación argentina que prima por sobre cualquier estatuto privado. El peligro es que hoy los encargados de esa defensa son integrantes del gobierno de Milei que promueve la dependencia y el sometimiento al imperialismo estadounidense.
De esta situación podemos concluir, en primer lugar, que no se puede resignar la propiedad y la gestión estatal de una empresa hidrocarburífera de la magnitud de YPF, comprobándose la necesidad de reestatizarla en el 100%. Nunca olvidar que durante la gestión estatal 1922-1992 y durante la gestión post-estatización parcial desde 2012 se obtuvieron los mayores beneficios sociales y se lograron los más altos estándares. Las privatizaciones nos han llevado siempre a situaciones de debilidad y atraso. Tampoco ha servido a la Nación la política de “capitalismo de amigos” o la búsqueda de crear empresarios prebendarios aliados.
Desde un punto de vista soberano, ningún gobierno ni ninguno de los poderes del Estado pueden ni deberían aceptar este fallo imperialista. Y se reafirma la necesidad de la plena reestatización de YPF. Un gobierno popular debe apropiarse de los recursos productivos claves y ponerlos al servicio del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo.
