El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en la causa por la expropiación de YPF, revisa parcialmente la sentencia de la jueza Loretta Preska y reconoce un punto elemental: una ley nacional votada por el Congreso está por encima de cualquier estatuto corporativo. Con este fundamento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía había expropiado el 51% de YPF en 2012. Ahora la Cámara estadounidense les dio la razón en un juicio infame. Porque el Estado argentino tiene derecho a recuperar una empresa estratégica.
Aunque Milei la haya borrado de su diccionario, la soberanía existe. Y el presidente hizo el ridículo festejando el fallo mientras que insiste en que “expropiar está mal porque es un robo”. Porque, evidentemente, su fundamentalismo pro-monopolio va en contra no sólo de la ley argentina sino también en contra de la estadounidense.
Para el burro de Milei, lo “positivo” del fallo es que YPF pueda seguir garantizando exportaciones de hidrocarburos, pieza clave de su esquema de primarización. En ese marco, la empresa aparece como una plataforma para generar divisas rápidas, pero no como una herramienta de desarrollo nacional. Aunque, estratégicamente, su planteo es que YPF funcione como cualquier corporación privada, maximizando ganancias aunque eso choque con las necesidades de la producción nacional y del país.
La gestión de Horacio Marín expresa nítidamente esa línea. Anteriormente, había definido al fallo en primera instancia como “bueno para YPF y malo para Argentina”. Más allá de que nunca explicó qué podría tener de bueno para YPF, Marín desconoce que YPF nació por decisión gubernamental, por decreto de Hipólito Yrigoyen, como instrumento estatal para intervenir en un sector estratégico; y simplemente ignora cómo debería ser una empresa al servicio de la Nación.
Desde el punto de vista de la Nación, YPF debe cumplir la función de garantizar precios de la energía para apuntalar la producción nacional. Alinear los precios internos con los internacionales —como pretende el oficialismo— significa dar ventajas a las importaciones, en particular de economías que sí regulan sabiamente su matriz energética. La soberanía energética es una condición para el desarrollo.
La expropiación de YPF en 2012 fue no sólo justa en general sino una evidente necesidad concreta en aquel contexto. La privatización de los ‘90 bajo la presidencia de Carlos Menem y la gestión de Repsol llevaron al vaciamiento de reservas y al deterioro del autoabastecimiento. Sin esa recuperación estatal, el déficit energético se habría profundizado.
A partir de la reestatización parcial se impulsó el desarrollo de Vaca Muerta y se avanzó en infraestructura clave como el gasoducto Néstor Kirchner. Esa inversión estatal —denostada por Milei— permitió ampliar la capacidad de comercialización y producción. En contraste, la paralización de obras como la reversión del Gasoducto Norte implica costos concretos: más importaciones y salida de divisas.
En sentido contrario a lo que profesa Milei y sus correligionarios, Argentina necesita estatizar 100% YPF. Porque al país no le sirve que BlackRock, por tener acciones, tenga influencia en las decisiones de esta empresa estratégica para la producción nacional. Y lo mismo vale para el conjunto de las ramas estratégicas. Porque en un mundo de potencias que planifican y protegen sus recursos, la entrega al mercado no es “libertad”: es dependencia.
