Que el presidente Milei denuncie como “terrorista” la proyección de un documental sobre Palestina no debería sorprender a nadie. Lo verdaderamente alarmante es que el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en lugar de defender la libertad académica y de expresión, haya elegido pedir disculpas a “la comunidad judía argentina” y abrir una investigación administrativa contra quienes organizaron la actividad.
El 1° de julio, en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, se proyectó La gran Palestina, documental del cineasta mexicano Rafael Rangel. La propia Facultad había anunciado públicamente la actividad. La película reúne material producido desde Gaza por el director y por doce fotógrafos palestinos que permanecieron allí, y reconstruye el sufrimiento de la población palestina después del anuncio del alto el fuego del 19 de enero de 2025, hasta marzo de ese año. La película que denuncia la destrucción de Gaza y muestra el genocidio israelí. Se podrá estar de acuerdo o no con su enfoque político. Precisamente por eso corresponde que sea discutida.
Para el gobierno de Milei la discusión no existe y presentó la exhibición del documental como “promoción del terrorismo”, como suelen hacer los negacionistas y genocidas con las víctimas. Pero la respuesta de Bartolacci resulta más preocupante. El rector aclaró que la actividad no había contado con autorización ni aval institucional de la Universidad, sostuvo que las autoridades no habían tenido conocimiento previo y anunció una investigación administrativa. Además pidió disculpas a la comunidad judía argentina, como si todos los judíos apoyaran al sionista Netanyahu y justificaran el genocidio perpetrado por el Estado de Israel.
Bartolacci habla en su respuesta de preservar “valores” institucionales. Pero ¿cuáles son esos valores que el documental estarían violando? ¿Documentar crímenes de guerra y darle difusión iría en contra de qué valores? El rector no lo explica en su carta-disculpa, precisamente por ninguno de los acusadores se propone discutir concretamente el contenido del documental. Y entonces… ¿qué se pretende investigar?
Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) afirmó que “la condena al genocidio es un compromiso ético, político y humanitario que debe asumir la universidad pública en su conjunto”, cuestionó al sumario abierto por el rector y advirtió que va a defender a los impulsores de la actividad. “Perseguir a quienes denuncian el genocidio contra el pueblo palestino significa un acto de complicidad con los genocidas”, advirtió.
No a la censura. No a la persecución de docentes y estudiantes. Libertad académica y de expresión. Abajo el genocidio. ¡Viva Palestina libre!
