La CoNEAU y la LES de los 90 dan otro paso
El Ministerio de Educación de la Nación firmó un acuerdo que pone en pie de igualdad a las universidades públicas y privadas. Sesenta y tres de las 110 instituciones (entre públicas y privadas) firmaron el acuerdo para integrar el “Sistema de Reconocimiento Académico de Educación Superior”, que permite el reconocimiento de materias entre distintas universidades del país.
En la información y argumentación que circula respecto a este acuerdo se instalan y machacan sobre los conceptos de “créditos” (una o más materias) y se refuerza la idea de los “ciclos” (tramos de las carreras) no sólo con un léxico mercantilista, sino desarmando y desarticulando el concepto integral de una “carrera universitaria”. Una carrera no es una sumatoria de partes, que, cual Frankenstein, puede cursarse en cualquier lugar de nuestro país (independientemente del enfoque regional y socio cultural), en cualquier universidad (pública o privada, donde los intereses en juego son bien distintos).
De este modo, con los pretextos de la “permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo” y de “facilitar los cambios de carrera” que una parte del alumnado hace al cambiar de vocación, se equiparan en “el mercado universitario” a las universidades que hacen de la educación un negocio con las universidades estatales. Estos pretextos o problemáticas son reales y es deseable abordarlas para solucionarlas, pero no es necesario hacerlo brindándoles a los que lucran un “caudal” o una “clientela” de estudiantes en bandeja cuando tal vez busquen terminar sus estudios, o tan solo cursar “un tramo” si, por ejemplo, en la universidad estatal no pudiera hacerlo como resultado de las contingencias que muchas veces enfrentamos en las universidades públicas como resultado de un ahogo presupuestario deliberado.
Otro de los argumentos esgrimidos es la necesidad de “generar condiciones para la innovación curricular con menor rigidez en los planes de estudio”, profundizando así el proceso iniciado con la Ley de Educación Superior de los ‘90 de generalizar el contenido de las carreras, trasladando “tramos” de conocimiento específicos a posgrados arancelados y que generan suculentos negocios en las universidades, principalmente las estatales, que suplen de este modo el ahogo presupuestario.
Y, como si todo lo anterior fuera poco, el estado “echa lastre” al permitir que los estudiantes acrediten “sus habilidades laborales” como “créditos” o “trayectos de carreras” de su formación universitaria. Así los estudiantes podrán armar otro “pedazo” de su “Frankenstein” universitario mientras el estado se desliga de la responsabilidad que le cabe en destinar el presupuesto y los recursos necesarios para una formación universitaria de cara a las necesidades de nuestro país y nuestro pueblo.
Por último, este acuerdo también sienta las bases para sacarle a las universidades la potestad de otorgar los títulos habilitantes de las distintas profesiones, trasladando esta potestad a los distintos colegios profesionales, donde el comportamiento corporativo (que muchas veces reina en ellos) podría permitirles “abrir o cerrar la canilla” de la cantidad de matrículas en función de las “necesidades del mercado”.
Con este “acuerdo” se da otro gran paso adelante en los planes de los intereses de las empresas monopolistas e imperialistas que impulsaron las LES en nuestro país. Repudiamos este acuerdo mercantilista y trabajaremos por su anulación.
