Entrevista a una médica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hace algunos años se ha conformado en el sistema de salud la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que se topan cotidianamente con las consecuencias de este derecho sea negado y dan batalla activa desde su lugar de trabajo. Desde Vamos! entrevistamos a una de sus integrantes, Analía Bruno, que es médica generalista que trabajaba en atención primaria de la salud en la Capital Federal.
–¿Qué es la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir?
–Somos profesionales de diversas disciplinas. La mayoría nos desempeñamos en el primer nivel de atención: en los centros de salud, las salitas. Y tenemos como prioridad el paradigma de atención donde se tenga en cuenta los derechos y una perspectiva de género. Y la importancia de ver la problemática del aborto y de las decisiones reproductivas como un tema de salud pública. La Red la conformamos profesionales que estamos en esa tarea, de garantizar día a día el acceso a las interrupciones legales del embarazo. También militamos la Ley de Aborto Legal para dar un salto en las posibilidades de ampliación de derechos y de poder garantizar el acceso a interrupciones voluntarias del embarazo; y no quedar en esta legislación regida por el Código Penal.
–¿Por qué es un problema de salud pública?
–En lo cotidiano es encontrarte en los lugares de atención con mujeres que llegan con complicaciones y necesitan un equipo de salud que tenga la puerta abierta. Todo el sistema debiera ser amigable para esa mujer, que llega después de un recorrido terrible y muy tortuoso por circuitos clandestinos. Yo formo parte de un equipo de salud en un centro de salud donde atendemos desde esa perspectiva que te contaba antes. Y las mujeres cuando llegan, llegan de boca en boca, porque no es una política pública. Y eso existe en Capital. No es lo mismo cruzar la General Paz. Porque en Capital tenemos medicación hace tres años y medio, por ejemplo. Cruzás la General Paz y no hay más medicación. Son condiciones locales. Entonces se puede garantizar el acceso a interrupciones legales, garantizando abortos seguros. Pero eso es muy poco, en la heterogeneidad que es todo el país. Por eso es tan importante una ley que pueda implementar, monitorear y evaluar una política pública, que es lo que hoy no hay en relación al tema. Cada provincia hace lo que quiere.
–¿Cómo mejoraría la situación con la legalización?
–Es la batalla. En realidad la ley es a la vez un instrumento que va a ser de muy difícil implementación. Eso hay que tenerlo claro. Hay un montón construido, dispositivos para garantizar derechos. Pero no es algo igual en todo el país. Entonces va a haber mucho por trabajar. Y sobre todo en las provincias donde ya hay hospitales enteros diciendo que todos son objetores.
–¿Qué opinás sobre los “objetores de conciencia”?
–El proyecto que presenta la Campaña Nacional no contemplaba la objeción de conciencia. Nosotras teníamos claro que no iba a ser fácil que salga como la Campaña proponía. Para nosotras esta ley tendría que ser como cualquier otra ley que no contempla la objeción de conciencia. Solamente las leyes sobre la salud sexual y reproductiva y que compete a atender la salud de las mujeres tienen objeción de conciencia. Nadie puede objetar operar un apéndice ni nada de eso. En cambio, sí objetar atender una mujer. Aunque el dictamen tiene la objeción de conciencia individual, no institucional. Es el arma que también tienen los antiderechos. Ahora, hay que tener en cuenta que todo es en términos de procesos y que si logramos una ley de estas características es un avance aunque no sea la panacea. Y que va a haber un montón de dificultades y que vamos a tener que seguir luchando.
–¿Qué implica la objeción de conciencia institucional?
–Que haya lugares en donde no brinden la atención. El hospital entero. Sucede por ejemplo en Uruguay. Que tienen unos años de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Y tienen contemplada la objeción de conciencia individual e institucional. Hay departamentos enteros en Uruguay que no tienen servicios que garanticen el acceso a las interrupciones voluntarias. Entonces las mujeres se tienen que trasladar kilómetros hasta Montevideo para lograr el aborto. La objeción de conciencia institucional es más grave que la individual. Puede ser que servicios enteros sean todos objetores de conciencia. Bueno. Se nos viene por delante un trabajo de sensibilización muy importante. Llegar a cada uno. Porque hay gente que es objetora porque no tiene ni idea. Los profesionales no están formados en la temática. Los profesionales que estamos formados en la temática nos formamos por fuera de nuestras formaciones formales. Aprendimos de las mujeres, de las organizaciones, de participar en los encuentros de mujeres, de estar haciendo talleres, del feminismo. Hay que hacer todo un trabajo de formación y sensibilización que de hecho lo estamos haciendo. En muchos lugares que la Red de Profesionales existe, se hacen cursos, talleres con los profesionales, formación continua.
–¿Qué peso tiene entre los profesionales la campaña anti-derechos “No cuenten conmigo”?
–¡Ah, no sé! La campaña “Cuenten conmigo” [a favor de la legalización] ya tiene como 3.000 firmas, que es donde yo firmé. La otra no sé. Para mí la cantidad de gente que se demostró en la calle el 13 y el 14 superamos ampliamente a la gente de este sector. Y yo creo que fue eso lo que determinó qué pasó ese día.
–¿De qué otras formas se da esta discusión dentro del sistema de salud?
–Es la confrontación quizás en el cuerpo a cuerpo con personas que están en contra. Eso es complicado y nos pasa, cuando tenemos que derivar a una mujer al hospital, al servicio de ginecología donde por ahí el jefe está en contra. Pero después hay otro que está por abajo que te habilita la posibilidad. Y te encontrás con gente que te maltrata, que te cuestiona. Y en el medio está la mujer. En el día a día es pesado. Porque en el medio están las mujeres con sus historias, con sus sufrimientos, con sus problemas. Pero fuimos avanzando un montón. Eso está bueno pensar. Yo hace 15 años que estoy en esto y al principio hablábamos en voz baja, porque no me podían ni escuchar los que estaban al lado mío. Y ahora tengo la medicación para dársela gratuitamente a la mujer, que sea un aborto legal. Más vale que falta que sea un aborto voluntario. Porque estamos en esa etapa de argumentar causales, y que sea una mujer que tenga alguna razón. Igual todas las mujeres tienen alguna razón desde una perspectiva amplia de la salud. Porque desde una mirada integral de la salud, cualquier maternidad forzada va a poner en riesgo la salud. Por lo tanto, cualquier interrupción del embarazo puede ser legal. Pero no todo el mundo tiene esa perspectiva. Por eso necesitamos una ley de aborto de interrupción voluntario del embarazo, que las mujeres no tengamos que dar razones. Suficiente su pedido. Y que si bien contribuye a disminuir los problemas que devienen de los abortos clandestinos, las complicaciones y las internaciones, también deviene en una conquista en las mujeres que nosotras necesitamos para ser plenas. Porque si no siempre estamos tuteladas. Estamos superando el tutelaje.
