Nicaragua continúa transitando una crisis que conmueve al país desde el 18 de abril, cuando comenzaron a multiplicarse una serie de protestas opositoras al gobierno de Daniel Ortega que incluyeron bloqueos carreteros y barricadas en distintos puntos del territorio. Desde entonces murieron más de 200 personas –en su mayoría estudiantes, campesinos, manifestantes opositores en general– como producto de la represión policial y hechos atribuidos a grupos paramilitares por las fuerzas opositoras, que exigen la renuncia de Ortega y la realización anticipada de elecciones.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua (parlamento controlado por el oficialismo) exige que se levanten los “tranques” o bloqueos de caminos. “Los tranques y sus promotores son los generadores del terrorismo en nuestro país”, afirma. Mientras continúan las movilizaciones, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democratización y la OEA tratan de forzar al gobierno de Ortega a una salida institucional ordenada donde la movilización popular “no se salga de cauce”.
Por su parte, la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil instó a reforzar y levantar más tranques en las carreteras para presionar la salida de Ortega. Desde esta articulación de movimientos sociales y organizaciones, también se venía impulsando la realización de un paro nacional cívico-ciudadano y desobediencia civil, proponiendo la “organización en los territorios, comunidades, valles, comarcas, municipios y ciudades, estableciendo las concertaciones y coordinaciones necesarias, incluyendo a los empresarios locales”, y la formación de comisiones de organización, logística, seguridad y autodefensa, salud y comunicación. Esta Articulación también festejó como un triunfo frente a la represión del gobierno el reciente informe de la CIDH presentado ante la OEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en ese organismo un informe en el que calcula que son 212 las personas han muertas en Nicaragua desde el 18 de abril hasta el 19 de junio. Denuncia que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.
El representante de EEUU planteó en la OEA que son “inaceptables” los “actos de violentos del Gobierno de Nicaragua” y reclamó la realización de “elecciones anticipadas, libres y justas, no hay otra manera de resolver la crisis política”. Los representantes de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua rechazaron el informe. Venezuela acusó a la CIDH de “falta de profesionalismo” e “imparcialidad” y de proteger a “los grupos desestabilizadores en contra del gobierno (de Nicaragua)”. Bolivia no rechazó el informe de la CIDH, pero relativizó su objetividad y condenó la violencia “venga de donde venga”.
