Cristina Fernández de Kirchner llevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su denuncia contra la condena en la causa Vialidad y, fundamentalmente, contra las consecuencias políticas de esa sentencia. El pedido busca la revisión integral del fallo dictado, además de una medida cautelar que suspenda de manera inmediata la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La denuncia sostiene que el proceso vulneró garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que posee jerarquía constitucional en la Argentina desde la reforma de 1994, y que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos funciona, en los hechos, como una proscripción que busca impedir su participación electoral.
El planteo también cuestiona el funcionamiento de las instituciones judiciales argentinas y reclama que el organismo internacional intervenga frente a una situación considerada incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
La presentación abre una nueva instancia de denuncia frente a una condena utilizada para proscribir a CFK y que atenta contra la democracia, la decisión del pueblo en las urnas y es una amenaza para el conjunto de las fuerzas populares.
