Bajo la consigna “Basta de asesinato laborales”, familiares, compañeros y distintas organizaciones nos movilizamos desde las puertas de la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hasta los Tribunales para exigir justicia a dos meses de las muertes de David Ramallo, Diego Soraire y Ricardo Alcaraz.
David Ramallo era técnico electricista en la Línea 60. Realizaba tareas de mantenimiento en la terminal nueva de Barracas cuando fue aplastado por un colectivo que lo hirió de gravedad y fue llevado de urgencia al Hospital Penna donde falleció. Diego era auxiliar de ingeniería en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias-INTA de Castelar. Falleció luego de seis días de internación por las graves heridas que le provocó la explosión de un biodigestor –de los años 70– en el cual se encontraba trabajando. Ricardo era albañil y tenía 26 años cuando una medianera de una obra en construcción –que tenía tres denuncias por irregularidades– se derrumbó y lo aplastó.
Miles de trabajadores afrontamos diariamente condiciones de absoluta precariedad, teniendo que afrontar situaciones riesgosas porque no están dadas las condiciones mínimas de seguridad, porque no se tienen ni las herramientas indispensables, porque trabajamos bajo contratos flexibles o sin estabilidad laboral.
Sus muertes no son casuales, no fueron por un simple error o imprudencia, ni son hechos aislados: son un producto propio de la explotación, que busca bajar costos a cualquier precio.
Corresponsal
