Documento de los organismos históricos leído en Plaza de Mayo

Reproducimos documento de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas y otros organismos de derechos humanos. Fuertes críticas a Macri y al FMI. Un reclamo al gobierno nacional.

25 de marzo de 2022

Firman el documento: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Incluimos extractos y el documento completo (ver más abajo):

Hace 46 años, los genocidas, militares y civiles, tomaron el poder en la Argentina para imponer la miseria planificada.
Todo el pueblo padeció el terrorismo de Estado. Por eso las deudas en materia de Memoria, Verdad y Justicia son con toda la sociedad.
Reafirmamos hoy que ¡son 30.000!, porque viven en la memoria, pero también porque los insistentes discursos negacionistas vuelven necesario recordar que no se trata sólo de un número: son las historias de las miles y miles de familias, organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, fábricas, barrios y colegios. Son también las 10.000 presas y presos políticos, miles de personas forzadas al exilio.
Una vez recuperada la democracia, durante décadas sufrimos las políticas de ajuste y la presión internacional de una deuda externa que siguió creciendo y condicionando nuestra soberanía económica y política. La miseria planificada se siguió profundizando llegando en los años noventas a altísimos niveles de desocupación y a la pauperización de los sectores populares que hicieron crisis en 2001. Frente a la insostenible situación económica, nuestro pueblo dijo basta y salió a las calles en las gestas históricas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en las que las Fuerzas de Seguridad asesinaron a 39 compatriotas, mientras los poderosos de siempre fugaban el dinero del pueblo fuera del país.
Pero con la llegada de los sectores concentrados de poder al gobierno de la mano de Mauricio Macri, volvió el endeudamiento internacional. En cuatro años de gobierno, el macrismo nos endeudó en US$ 44 mil millones, sin pasar por el Congreso Nacional. Tuvo al FMI como cabecera de puente, dispuesto no sólo a facilitar la fuga de capitales, sino a sostener de su mano las políticas neoliberales que permitieran seguir arrasando nuestras riquezas. Eso les aseguraba someter a generaciones de argentinos y argentinas. Pero eso creemos necesario destacar que, sea como sea, la deuda contraída no se puede ni se debe pagar a costa de más sacrificio y hambre de nuestro pueblo, cuando, una vez más, estamos frente al intento del Fondo Monetario Internacional de dictar nuestro destino.
Nuestro país pasó cuatro años de un gobierno que empobreció, persiguió, reprimió, atacó derechos, fugó capitales, generó impunidad para los genocidas (como el beneficio del 2×1), perdió soberanía y endeudó al pueblo a niveles sin precedentes. Fue el macrismo. (…) Su ministerio de economía fue una nueva versión de la miseria planificada (…). Fueron el gobierno del negacionismo, tanto en la Nación como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.
La anulación de las leyes de punto final y obediencia debida permitieron que volvieran los tiempos de justicia. 16 años de juicios efectivos por delitos de lesa humanidad con 1.058 condenados son una conquista que nunca debemos minimizar. 273 sentencias dictadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales el 15 por ciento incluyen condenas por abusos sexuales como delitos autónomos.
Hay una deuda enorme respecto al enjuiciamiento del poder económico, que no dudó en llevar adelante el plan de exterminio. Para ellos también queremos Juicio y Castigo. Por eso seguimos reclamando la puesta en funcionamiento de la comisión bicameral de investigación de la participación civil en el terrorismo de Estado.
Consideramos urgente la sanción de un marco normativo que promueva la prevención y ponga límites a las prácticas negacionistas y discursos de odio.
Los tiempos del Poder Judicial no son los del pueblo. Esto también se sabe y se siente en las causas contra los genocidas. Y no es biológica la impunidad: es política y judicial. Por eso seguimos reclamando respuestas y denunciando las medidas dilatorias puestas al servicio de la impunidad.
Si de deudas de la democracia se trata, de las más urgentes es resolver la aparición de los niños y niñas arrebatados de sus madres en los centros clandestinos de detención y apropiados por los genocidas.
Hoy volvemos a esta plaza después de dos años en que no pudimos estar por los necesarios cuidados ante la pandemia del COVID 19. La situación sanitaria comienza a mejorar, pero deja una situación compleja para los pueblos de todo el mundo y para el nuestro en particular.
Nos preocupa ver cómo nuestros ingresos se licúan y evaporan cada vez que compramos en un almacén, carnicería, verdulería o supermercado. Los pocos empleos que se generan no son estables y, muy por el contrario, son cada vez más precarizados. Por eso, el gobierno que elegimos para resolver todos estos graves problemas tiene que dar soluciones firmes aquí y ahora.
Nos preocupa la repetición de casos de violencia institucional a lo largo y ancho de nuestro país. La muerte de jóvenes a manos de las policías y Fuerzas de Seguridad, la persecución y hostigamiento de personas en situación de vulnerabilidad, por su condición de migrante, por su identidad de género, por consumir estupefacientes, por su edad o su condición socioeconómica.
Es imperioso democratizar no sólo la Corte Suprema de Justicia, cuyo desprestigio es absolutamente notorio, sino todo el Poder judicial en la Argentina. Un poder independiente de los poderes fácticos y el poder político de turno, que nos permita cimentar una sociedad más igualitaria.
Hay aún hoy en nuestro país, decenas de presas y presos políticos, víctimas de causas armadas a pedido, hostigados y perseguidos, ilegal y arbitrariamente, sometidos al modelo represivo que supo instalar Macri y sus aliados, que sorprendentemente sigue vigente, con la complicidad de un sistema de justicia inmune a cualquier intento de revisión. Sin duda alguna, el más evidente y emblemático es el de la dirigente social y política Milagro Sala.
Esa persecución y represión también llegó a las comunidades originarias. Lo vimos con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel como casos representativos del accionar de las políticas de Patricia Bullrich. Acompañamos el reclamo por justicia y el pedido de la familia Maldonado para que el Poder Ejecutivo Nacional conforme un grupo de expertos independientes que pueda investigar qué hicieron con Santiago. Exigimos a los distintos jueces que intervienen en la causa que lleguen a la verdad.