El Congreso Nacional aprobó el miércoles 18 la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre del 2022. Con el voto unánime de los 61 senadores presentes, similar a lo sucedido la semana anterior en Diputados, se sancionó la ley que establece un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” y apunta a cubrir los requisitos nutricionales de niños de hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación significará una ampliación presupuestaria de unos $10.489 millones.
El gobierno accedió a acordar la prórroga de la ley después de semanas de movilizaciones de organizaciones sociales y numerosos pronunciamientos de sectores como la Iglesia Católica, agrupamientos gremiales e intendentes del conurbano bonaerense encabezados por Verónica Magario.
El hambre infantil registra una fuerte concentración en los hogares pobres y en lugares socio-residenciales informales. Esto, como ejemplo, lo tenemos en el conurbano bonaerense, que es la zona del país más golpeada ya que los chicos que viven en el Gran Buenos Aires y experimentan inseguridad alimentaria severa (14,5%) en un 79% son pobres en términos monetarios, y el 63% reside en villas o asentamientos (Datos UCA).
Así el Gobierno recibe otro golpe a su política, a pocas semanas de las elecciones, donde debe reconocer el avance del hambre y la pobreza que llegará a 17 millones de personas a fin de año cuando hace tan solo 4 años profesaba la consigna de “pobreza cero”.
