En Mendoza, el gobierno provincial con el apoyo de Milei avanzó con la aprobación legislativa para habilitar la megaminería, dando la espalda al rechazo social y poniendo en riesgo el agua en una provincia marcada por la escasez hídrica. Así la Legislatura se alineó con los intereses de las empresas mineras, mientras que miles de mendocinas y mendocinos se movilizan en las calles para defender la Ley 7722 y el derecho colectivo a cuidar el agua. No se trata de un debate técnico sino de una elección política: priorizar un modelo extractivo que beneficia a los monopolios mineros o proteger un bien común del que depende la vida, la producción y el futuro de la provincia.
