Griselda y el Mono: acusados por luchar por tierra y contra el hambre

Se han pedido tres años de cárcel efectiva para Griselda Altamirano y dos para Jorge Lezica, del Movimiento 1º de Octubre.

Los fiscales han pedido tres años de cárcel efectiva para Griselda Altamirano y dos para Jorge Lezica, en una causa que en realidad suma tres acusaciones. La primera de las acusaciones nace de la ocupación de tierras para vivir en Villa Cordobita (Tandil) en 2015. La segunda, por un reclamo del Movimiento 1º de Octubre, que ambos conducen, en la Municipalidad de Azul en 2017. La tercera, una acusación desopilante contra el “Mono” Jorge Lezica por una discusión –o a lo sumo pelea– en la puerta de su propia casa. Un hecho que normalmente no pasaría de una anécdota, pero evidentemente es utilizada para sumar otra dosis de estigmatización contra los luchadores.

Durante toda la semana que se desarrolló la etapa oral, compañeros y compañeras del Movimiento estuvieron acampando en Azul para a acompañar a sus dirigentes. El día de los alegatos, viernes 15, viajó una delegación del CR y de la Corriente Clasista René Salamanca. También compañeros de la Corriente Primero de Mayo (en la cual participa el Movimiento 1º de Octubre), de MAR-CTA y Votamos Luchar.

Tras la lectura de los alegatos de fiscales y la defensa, Griselda y el Mono –con su hijo de siete meses en brazos– salieron a encontrarse con los compañeros y compañeras que aguardaban afuera del juzgado. Griselda destacó la labor y el compromiso de su abogado defensor. También la “solidaridad de clase” que representaron los bombos incansables y el acompañamiento durante toda la semana. Reivindicó al Movimiento que “corta la ruta y lo va a volver a hacer”. Y especialmente a las compañeras, que “no son esas malas madres que la fiscal buscaba culpar y decirles cómo tenían que cuidar a sus hijos. Son esas compañeras que han transformado ese dolor en fuerza para pelear”. Y recalcó que en el juicio han sostenido el “orgullo de pelear”. El lunes 25 de febrero se leerá la resolución del Tribunal.

Tierra para vivir

La principal acusación contra Griselda y el Mono gira en torno a las ocupaciones de terrenos hecha en 2015 por unas 130 familias. Estos lotes se los adjudicaba como propios Mario Cerviño, uno de los denunciantes en la causa que se resolverá el 25. En aquel momento, las familias que se instalaron en esos terrenos denunciaron que en realidad se trataba de terrenos acéfalos, ya que habían pertenecido a una empresa que había quebrado hacía varias décadas, Tandilia. Cerviño aseguraba que los había comprado a un apoderado de esa firma, Placer Moreno, y que entonces luego los fue vendiendo ya parcelados.

La investigación judicial que se abrió en aquel momento sobre esta estafa fue archivada con el pretexto de que Moreno ya había muerto. Pero tan turbias fueron aquellas operaciones inmobiliarias, que uno de los compradores de Cerviño debió aceptar en esta causa que no recibió un título de propiedad sino una “cesión”. Hasta el propio presidente del Consejo tandilense y actual intendente interino Juan Pablo Frolik debió reconocer en este juicio que él mismo había ocupado terrenos en Villa Cordobita.

De todos modos, las familias –que no contaban con acomodos del gobierno– fueron desalojadas ese año y la denuncia de Cerviño por usurpación de esos terrenos fue aceptada por esta Justicia. Y para completar la denuncia de “usurpación”, Cerviño preparó testigos que afirmaron que durante la ocupación hubo violencia. Pero, en aquel 2015, un corresponsal de Vamos! pudo comprobar que, en realidad, las familias que se habían organizado para conseguir un pedazo de tierra para vivir no encontraron más que pasto y yuyos en los terrenos donde se instalaron (ver Vamos! Nº60).

Lo notorio de esta causa es que, aún considerando que haya habido “usurpación”, no se les podría aplicar este delito ni a Griselda ni al Mono sencillamente porque ellos no estaban ocupando ningún terreno. Entonces se los juzga por instigadores. Es decir: por organizadores de un reclamo popular.

Contra el hambre

La otra causa está más acorde a los típicos inventos judiciales contra luchadores: Un reclamo en un organismo público, en este caso la Municipalidad de Azul; un provocador desalojo policial; policías con testimonios armados; etc. Lo curioso es que uno de los comisarios, que originalmente había dicho que Griselda le rompió un dedo con un palo, terminó admitiendo que en realidad se lastimó en un forcejeo.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno de la Intendencia de Azul, Walter Surget, negó haber visto a Griselda con palos y sencillamente declaró que ese día estuvo dialogando hasta las 19hs, momento en que se retiró.

¿Veredicto?

La causa no cae en cualquier momento. Los intentos por descabezar las organizaciones populares son permanentes. Pero ahora cuentan con el viento a favor del gobierno de Cambiemos y su campaña estilo Bolsonaro. Tal es así que la propia fiscal María Laura Margaretic llegó a admitir en la misma audiencia que es un “juicio político”. Incluso afirmó: “Si el juez me lo permite, vamos a hacer un seguimiento jurídico del movimiento 1º de Octubre”. El Movimiento ya tuvo, en distintas circunstancias, 120 detenidos y 45 procesados. Pero sea cual sea ahora la resolución del Tribunal, el pueblo y sus organizaciones se levantarán una y otra vez.