Argentina transcurre un brote de tos convulsa, con más de 600 casos confirmados y siete víctimas fatales: 4 bebés menores de 6 meses, 1 infante de 6 a 11 meses, y 2 niños entre los 12 y 23 meses. Son todas muertes evitables con la vacunación. Pero ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registraba dosis; mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses cuyas madres tampoco habían recibido vacuna.
Estos casos fatales son resultado, por un lado, de la campaña antivacuna y el agravamiento social; pero por el otro, son resultado del ajuste salvaje del gobierno nacional que llegó a las campañas de vacunación. Este año, la mayor incidencia de tos convulsa se viene dando en Tierra del Fuego, CABA y en tercer lugar la Provincia de Buenos Aires. También se han registrado numerosos casos en Córdoba y Santa Fe.
Apuntalando el ajuste antivacuna implementado en el Ministerio de Salud, la diputada Marilú Quiroz, del PRO, acaba de hacer una jornada en el Congreso que cuestiona la obligatoriedad de la vacunación. Pero evidentemente el reclamo de “libertad” de no vacunarse en unos choca contra el derecho a la salud de otros. La vacunación no sólo protege a quien la recibe, sino también al conjunto de la sociedad cuando se logra la inmunidad de rebaño. Por eso, la propaganda de desprecio del presidente Milei a todo interés colectivo –en nombre de una libertad individual– es otro elemento que contribuye a la baja de la vacunación y resurgimiento de enfermedades que habían sido controladas.
La tos convulsa en particular se protege con la vacuna Triple Bacteriana Acelular (dTpa) inoculada a la madre gestante; la Triple Bacteriana Acelular Pediátrica (DTPa o Pentavalente/Hexavalente) que se debe aplicar a los 2, 4 y 6 meses (en Argentina suele ser parte de la pentavalente); Triple Bacteriana Acelular (dTpa), refuerzo infantil entre 15 y 18 meses y 5 a 6 años; dTpa para adolescentes a los 11 años; refuerzo de dTpa para adultos y personal de salud cada 10 años.
