Por cuarta vez la sociedad argentina se manifestó masivamente en apoyo a su universidad. Un millón y medio de personas en todo el país. Porque nuestra universidad se identifica con la posibilidad de progreso individual y de perspectiva nacional. Con la posibilidad de futuro. Y, del otro lado, evidencia que la necedad del gobierno es mucho más que un mero cumplimiento del “déficit cero”.
Pasaron 237 días desde el rechazo del Congreso al veto de Milei. Tras los amparos favorables del CIN y federaciones sindicales, y las apelaciones del gobierno, ahora judicialmente la cuestión quedó en manos de la Corte Suprema. En marzo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal había ordenado el cumplimiento de la ley descartando por “poco serios” los argumentos del gobierno y aseverando que el impacto fiscal de la medida es bajo. Desde que asumió el gobierno ya han renunciado más de 10 mil docentes universitarios debido a los bajos salarios.
¿Qué se propone el gobierno?
En lugar de cumplir con la ley y las cautelares, el gobierno eligió la ilegalidad y ahora espera la respuesta de la Corte o su dilación por tiempo indefinido. Pero puede salirle mal. ¿Por qué esta guerra de Milei contra las universidades públicas?
Para Milei los impuestos son un “robo” y las universidades públicas no deberían existir. Esto en verdad implicaría desconocer la propia Constitución. Como semejante cosa es impracticable, entonces empieza por destruir toda política pública y desconocer todo derecho social atacando especialmente su artículo 14 bis. Para Milei, la renuncia persistente de docentes y de investigadores no es un daño colateral sino parte del plan buscado (ver en nuestra web “Para Milei, la universidad pública no debería existir”).
Lejos de un derecho reconocido desde Domingo F. Sarmiento a la fecha, para Milei la educación es un servicio y bastaría con las universidades privadas. La verdad es que hoy las universidades privadas también se nutren de docentes formados en las públicas. Pero eso tampoco entra en el mundo imaginario de Milei, porque su único objetivo es que los monopolios puedan producir sin tener que pagar impuestos, sin cumplir derechos de ningún tipo y con plena disponibilidad de los ingresos por explotación de mano de obra y extracción de recursos naturales.
El ajuste salvaje
Además de la provocación del gobierno de recortar gastos de infraestructura universitaria por 5 mil millones de pesos, anunciado un día antes de la marcha, la grave situación se grafica en la pérdida del 34% del poder adquisitivo docente y no-docente. La inflación acumulada desde diciembre de 2023 alcanza el 293% pero los salarios universitarios apenas se actualizaron un 160%. En el último mes, frente a una inflación del 3,4%, el gobierno volvió a decretar, de forma unilateral, un incremento de apenas el 1,7%.
Unificar las luchas
Necesitamos profundizar las medidas y llevarlas adelante conjuntamente, sin sectarismos ni fragmentación. Mientras las federaciones docentes Conadu Histórica y Conadu venimos sosteniendo semanas de paro coordinado, la tercera federación docente Fedun junto a la federación no docente Fatun vienen impulsando paros de 24 horas una vez por semana, medidas que están muy por detrás de la crisis que atravesamos. La crisis salarial, presupuestaria y de las obras sociales no espera.
No podemos esperar los tiempos de una justicia que el gobierno intenta manipular, ni confiar en una Corte Suprema bajo presión. La única garantía en defensa de nuestra universidad está en la movilización popular.
