Crece la bronca popular contra los tarifazos. Las boletas de servicios públicos castigan a los consumidores con aumentos impagables de hasta 1.600%, ponen contra las cuerdas la economía de los hogares de asalariados, de los comercios y afectan además la producción nacional, principalmente a muchas pequeñas y medianas empresas. Se suceden las movilizaciones y también preocupa al gobierno la posibilidad de un resultado adverso del debate por las tarifas en el Congreso.
Según planteó Macri en su spot editado para mostrarse en Vaca Muerta, resultaría insostenible continuar con los subsidios de 125.000 millones de pesos (según su estimación), ubicándolos como causa del creciente déficit fiscal. Nada dice de los cada vez mayores intereses de la deuda externa que se consumen el gasto público (más de 285.000 millones), ni quita de impuestos a las mineras, y de retenciones a los terratenientes, pooles de siembra y monopolios exportadores que implementó. En cambio, descarga el costo del ajuste en los consumidores y la producción nacional.
Por otra parte: ¿Por qué sería incorrecto subsidiar energía para consumo popular? ¿Acaso sería un bien suntuoso o es en realidad un recurso vital? Por otra parte, ¿por qué sería incorrecto subsidiar energía para la producción si eso ayudara a un desarrollo nacional? De hecho, otros países subsidian aún más que el nuestro su consumo energético. Esto muestra incluso el FMI en un informe conocido la última semana (“How Large Are Global Energy Subsidies?”). Los subsidios energéticos en 2015 fueron: Estados Unidos: 2177 dólares per cápita, China: 1652, Canadá: 1283, Australia: 1259, Japón: 1240, Israel: 1113, Bélgica: 909, Alemania: 684, Inglaterra: 635, España: 521, Chile: 515. Y ese mismo año, en Argentina fue 413 dólares.
Pero la contracara de esta tarifazo confiscatorio son las enormes ganancias que se pasan a llevar las empresas que controlan la generación y distribución de gas y electricidad.
¿Quiénes ganan?
Con respecto al gas, el costo del gas “a boca de pozo” representa el 44% de la factura pagada por el consumidor. En septiembre de 2016 el usuario paga U$S 0,89 el millón de BTU por este ítem. En abril de este año ya aumentó a U$S 4,68, y pretenden seguir con aumentos semestrales hasta llegar a U$S 6,78 –según dijo en su momento Aranguren para equiparar el “precio internacional”–. Pero ese precio que le quieren garantizar a los monopolios no tiene relación con el costo de producción para el gas a boca de pozo: según YPF, en diciembre de 2015 era de U$S 1,9. Así le garantizan ganancias siderales a las petroleras de no menos de 4 mil millones de dólares (ver Vamos! Nº84).
De esta manera, de acuerdo a los ejercicios anuales presentados en la Bolsa de Comercio y publicados por Página/12, crecieron enormemente las ganancias de las principales empresas de energía:
• Edenor: pasó de tener ingresos por $13.000 millones en 2016 a $ 24.000 millones en 2017, y su resultado operativo paso de un rojo de $656 millones a ganar $2.500 millones.
• La transportadora de gas TGN: tuvo una pérdida de $260 millones en 2016 y una ganancia de $840 millones en 2017 (una mejora del 425%). Y TGS: pasó de una ganancia de $930 millones en 2016 a $2.800 millones en 2017 (una mejora del 200%).
• Las transportadoras de electricidad Transener y Transba: pasaron de una pérdida neta de $57 millones en 2016 a una ganancia neta de $2.300 millones en 2017.
TGN pertenece en un 56% a la sociedad GasInvest SA de la que participan Tecpetrol (Techint), Compañía General de Combustibles y RPM Gas. El control está en manos de Rocca y Eurnekian.
TGS es controlada por la sociedad CIESA, a su vez co-controlada entre Pampa Energía y las sociedades de la familia Sielecki y de la familia Werthein. Edenor: está también controlada en un 51% por Pampa Energía. Transener-Transba: es propiedad de Pampa Energia. A su vez, Pampa Energia está controlada por dos socios: Pampa F&F LLC, de Marcelo Mindlin y Lambex International Tavistock, de Joe Lewis.
El grupo de Marcelo Midlin posee estrecho contacto con la familia Macri: en marzo de 2017 compró la constructora IECSA -y sus empresas asociadas- que pertenecía formalmente a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri (anteriormente a cargo de este grupo empresario). Joe Lewis es el magnate inglés amigo de Macri y dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, donde el presidente suele ser invitado para pasar días de descanso junto a su familia.
Frente a un gobierno que busca garantizar ganancias fabulosas a los monopolios petroleros y de la distribución de energía, vuelve a plantearse el debate sobre la necesidad nacional o estatizar esta rama estratégica para garantizar el servicio a los usuarios y a la industria nacional.
