Comparando la presentación del Ejecutivo con su propio proyecto presentado, la Campaña por el Derecho al Aborto analiza en su comunicado que los proyectos “tienen coincidencias muy significativas y los mismos objetivos”, lo que hace que “resulte una buena ley”. Dice también que “ambos proyectos retoman también los consensos logrados en la media sanción de 2018”. Y que ese proyecto “es también resultado de la larga trayectoria de luchas y producción de conocimiento que la Campaña como movimiento social ha realizado.”
Lo central y más importante es que el proyecto del Ejecutivo prevé el aborto para las mujeres y otras identidades de género con capacidad de gestar sin ningún tipo de penalización hasta la semana 14: éste fue uno de los puntos de mayor debate en el 2018. “También prevé el acceso a la práctica por parte de niñas y adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la normativa del Código Civil, la existencia de consejerías no obligatorias y su cobertura por los sistemas de salud, entre otras valiosas coincidencias”. Además, las menores de 13 años no necesitarán siquiera llenar el formulario de la declaración jurada, ya que para menores de 13 un embarazo se considera que fue producto de una violación. Por eso seguimos diciendo “son niñas, no madres”. Otro de los puntos importantes de la ley presentada es que deberá capacitarse a todo el sistema de salud y a docentes en este tema.
Uno de los puntos de debate es la objeción de conciencia. El proyecto de la Campaña no la incluye, ya que está demostrado que, en los países donde existe, la misma es utilizada por los sectores más reaccionarios para obturar derechos. El peligro es que hospitales enteros o incluso provincias enteras puedan, bajo este argumento, negarse a la práctica. La inclusión de esta “objeción” es el reconocimiento de que el derecho al aborto es un debate social que no termina con esta ley sino que pasa a otra etapa. En el proyecto sancionado en Diputados en 2018, se establecía explícitamente que existía la objeción de conciencia individual pero que no podía haber “objeción de conciencia institucional”. Ahora no se explicita esto, pero el proyecto sí obliga a que todas las instituciones (públicas o privadas) garanticen la práctica de interrupción en el plazo de 10 días.
Otro artículo que genera polémica en el proyecto del Ejecutivo es que, luego de la semana 14, el aborto seguiría siendo legal sólo en casos de violación, de peligro de la vida o salud de la mujer o persona gestante. Fuera de estos casos se mantiene una penalización que podrá ser excarcelable, con una pena de 3 meses a un año. Son muy pocos los países que tienen despenalizado el aborto en su totalidad. Quienes argumentan este articulado, afirman que si no estuviere puede llegar a haber un vacío legal y, según el caso, configurarse la figura de homicidio, lo cual sería mucho peor.
Por otro lado, lo central del proyecto de los 1000 días es que establece una nueva asignación por cuidado de salud integral que consiste en el pago por única vez al año y hasta los 3 años de cada hijo o hija. También se extiende el pago de la asignación universal por embarazo de 6 a 9 meses, abarcando la totalidad del embarazo. Se amplía el pago por nacimiento y por adopción a las personas beneficiarias de la AUH que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio. Se garantiza la provisión pública y gratuita de materiales coordinando y ampliando los programas existentes. Se garantiza el abordaje especial para detección de riesgos durante el embarazo como la trombofilia, con acceso gratuito a estudios y diagnósticos. Se agiliza el trámite del DNI. Y se establecen políticas para prevenir violencia de género, o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
