Basados en cinco testimonios –sobre más de un millón de planes de asistencia social– y en irregularidades que dice haber encontrado el gobierno en una decena de comedores –sobre un total de aproximadamente 50 mil comedores–, el gobierno lanzó una fenomenal campaña de persecución y estigmatización contra las organizaciones sociales y sus dirigentes. Hubo cerca de 30 allanamientos y una campaña en la que desde determinados medios se difunde información que ni siquiera permiten que sea conocida por los abogados defensores.
El origen de estas denuncias, allanamientos y campaña es obvio: el gobierno pretende justificar así haber cortado el envío de alimentos a los comedores populares y, desde ya, intentan quebrar a las organizaciones que nacieron en los 90’s enfrentando el hambre de la política menemista, que tanto alaba Milei. Según el discurso oficial, estas organizaciones “intermediarias” serían un problema para que la asistencia llegue a las barriadas. Por el contrario, sostienen un amplio trabajo de contención social y organización política. Evidentemente, al gobierno no le importa que los pobres tengan hambre, sino que tengan conciencia.
La otra contrapartida de este ataque es que, ante un hipotético retroceso de las organizaciones sociales, lo que crece es la influencia de las bandas narcos. Esto tampoco parece preocuparle al gobierno, que además promueve un injustificable blanqueo en la Ley Bases. No es la primera vez que un gobierno ataca a la organización popular para imponer el hambre y la desazón. Nuevamente, la movilización es la respuesta.
