Para su media sanción en el Senado con 37 votos a favor y 33 en contra, el gobierno debió quitar capítulos claves sufriendo una derrota legislativa. Quedó expuesto el vergonzoso entreguismo de Milei, aunque logró mantener algunas reformas.
Lo que quedó afuera
• Extranjerización de tierras: Se retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales y eliminaba las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros. La Ley 26.737 prohíbe que extranjero adquiera tierras limítrofes y que más del 15% esté bajo propiedad extranjera. Son regulaciones lógicas y normales en cualquier país del mundo. El gobierno ya había intentado derogar esta ley con el DNU 70/2023, pero un fallo judicial lo declaró inconstitucional.
• Manejo del Fuego: Se retiró el capítulo que en la práctica derogaba la Ley 26.815. Esta ley impone restricciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios, de modo de no convalidar los incendios intencionales para su uso en negocios inmobiliarios.
• ReNaBaP / barrios populares: Ya previamente había quedado afuera el capítulo referido a la integración socio-urbana de los barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Lo que obtuvo media sanción
• Expropiaciones: Se modifica el régimen de expropiación, restringiendo el criterio de “utilidad pública”. Para que el Estado resuelva una expropiación, deberá identificar de manera concreta el fin que se persigue; demostrar que la expropiación es “idónea” y necesaria para lograrlo; y que resulta “proporcional” al objetivo buscado. Todo esto limita la capacidad del Estado de resolver en función del interés colectivo y beneficia los litigios individuales contra el Estado.
• Desalojos: Modifica el régimen de restitución de inmuebles, incorporando juicios sumarios contra inquilinos que por cualquier situación hayan llegado a dos meses de mora. Analiza unilateralmente el contrato entre propietario-inquilino, despreciando el derecho a la vivienda.
• Registro de la Propiedad Inmueble: Modificaciones destinadas a reforzar la registración y protección jurídica de los derechos sobre los inmuebles.
