Apenas cinco días después de iniciado el nuevo año, el interventor de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) designado por el gobierno de Macri, Omar Zeidán, anunció un plan de reestructuración que comenzó con 500 despidos, “invitando” además a los trabajadores a aceptar retiros voluntarios. Se trata de la consecuencia directa de la reducción de financiamiento aprobada en el Presupuesto 2018, que destinó a YCRT casi 800 millones menos que en 2017. Frente a esto, los trabajadores, organizados en cuatro sindicatos (ATE, Luz y Fuerza, La Fraternidad y la Asociación de Personal Superior) y todo el pueblo de la zona inmediatamente se movilizaron y tomaron la entrada de la Mina 5, el punto neurálgico del yacimiento, donde mantienen una vigilia permanente. Frente a esto, los interventores inmediatamente solicitaron la presencia de 200 gendarmes, pero ante la decisión de los trabajadores tuvieron que abrir negociaciones, que se encuentran en curso.
Río Turbio, junto con los pueblos de Julia Dufour y 28 de Noviembre, es parte de la llamada Cuenca Carbonífera ubicada en el extremo suroeste de la provincia de Santa Cruz. Los aproximadamente 25 mil habitantes de esta zona dependen económicamente casi exclusivamente de YCRT, donde trabajan unos 3.700 empleados. A su vez cumplen un rol fundamental en la afirmación de la soberanía argentina sobre ese territorio, puesto que en 300 kilómetros a la redonda no hay ninguna otra población argentina.
La mina, bajo el nombre de Yacimientos Carboníferos Fiscales, fue inaugurada en 1943 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con la intención de lograr el autoabastecimiento de carbón. En los años 90, con el gobierno de Menem, fue privatizada, quedando a cargo del empresario Sergio Taselli. Pero en el 2002, por las denuncias de defraudación, fue reestatizada bajo la figura de intervención. Tras el incendio que dejó un saldo de 14 mineros muertos en 2004, el gobierno de Néstor Kirchner anunció la construcción de una Mega Usina eléctrica a carbón para reconvertir la mina en proveedora de ésta. Desde el 2006 se viene trabajando en la obra, a la que le falta solo un 10%. Pero, fiel a su repetido estilo, el macrismo argumenta que la gestión kirchnerista malversó fondos y que la mina está sobredimensionada y es deficitaria, por lo que paralizó la construcción de la usina y empezó a plantear la necesidad de una reestructuración sobre todo en el terreno laboral. Los trabajadores denuncian que la verdadera intención es flexibilizar el convenio colectivo y reprivatizarla.
Desde Vamos! hablamos con Ramiro Apaza, delegado de ATE Río Turbio y uno de los trabajadores despedidos.
–¿En qué estado está en este momento la lucha contra los despidos?
–Al día de hoy tenemos 500 despidos, y siguen llegando telegramas. Entre los despedidos hay jóvenes, ingenieros y hay gente con más de 25 años en la mina, a punto de jubilarse. Nosotros desde el sindicato y la intersindical estamos teniendo una negociación, que pasó a un cuarto intermedio.
Estamos recibiendo un apoyo muy grande de la comunidad, el primer día instantáneamente se armó una marcha, tuvimos recitales, eventos culturales y hay mujeres autoconvocadas que nos están dando una mano con las ollas populares. Porque acá lo que mueve los pueblos es la mina. Si no está la mina se van los pibes de la escuela, cierran los negocios, por eso los días que convocamos las marchas cierran los comercios.
Ahora nosotros nos mantenemos tomando boca de mina. El grupo que había entrado a la mina salió porque nos tiraron con que si no salían se cortaban las negociaciones. También nos sacaron una resolución que las familias no pueden estar adentro del predio, así que las mujeres hicieron un piquete afuera. La lucha la estamos llevando adelante los despedidos y los activos, todos.
–¿Qué ha planteado el gobierno en las negociaciones?
–Lo que estamos manejando es que nos quieren llevar a una addenda del convenio colectivo a cambio de la reincorporación. Como se hizo en Vaca Muerta: flexibilizar el convenio a cambio de reincorporar. Pero ya nosotros tuvimos una asamblea en la que se decidió plantear la defensa del convenio y la reincorporación de la gente.
–El gobierno plantea que la mina no es viable económicamente. ¿Ustedes cómo responden?
–Nosotros tenemos una planificación que hicimos apenas asumió este gobierno que muestra nuestra capacidad de sacar 1.200.000 toneladas de carbón para la usina eléctrica. De la construcción de la usina faltaba un 10% y éstos la pararon. Si se manda carbón ya podría estar en funcionamiento. Es una decisión política que esté parada. Lo que pensamos es que el gobierno quiere privatizar nuevamente la mina, porque nosotros actualmente estamos bajo una intervención.
–¿Querés agregar algo más?
–Nosotros no aceptamos la addenda y esas cosas por toda la historia que nos avala, todos los caídos, todas las luchas mineras que tan grandes fueron y que las estamos retomando hoy en día. Y también que estamos capacitados para brindar la energía, porque por ejemplo en Buenos Aires se aumenta la luz y nosotros somos una de las soluciones para bajar los costos de la energía. Somos parte de la solución energética.
