El gobierno fueguino suspendió “preventivamente” sin goce de sueldo a trabajadoras. Uno de los casos, denunciados por AFEP, se trata de Nadine Calvo, madre de cuatro hijos, única sostén de familia y Secretaria de Acción Social de este sindicato. La medida fue resuelta 551 días del supuesto hecho que argumenta su suspensión y haciendo uso de un decreto de la dictadura, Nº1789/80 –firmado por Videla–. La medida es ilegal, entre otras cosas porque ese decreto fue derogado en el resto del país. Pero, como se sabe, los tiempos de la “Justicia” fueguina no vienen beneficiando a los trabajadores.
El gobierno de Bertone y su vice Arcando la acusan de haber amenazado a un funcionario durante una protesta el año pasado. Pero ni siquiera los testigos llevados del gobierno a la Justicia afirmaron haber escuchado amenazas. Aun así, Nadine fue imputada por una jueza y luego suspendida. Según publicó AFEP en un comunicado se trata de una “desesperada maniobra administrativa ILEGAL, ARBITRARIA y ARMADA, que intenta disciplinar a través de su familia a la compañera Nadine Calvo, quitándole el sustento y dejándola prácticamente en la miseria; con una herramienta heredada de la dictadura, una suspensión preventiva sin goce del salario, hasta que se dé por finalizada las causas penales armadas por el mismo Gobierno provincial”.
Conversamos con José Gomez, secretario general de AFEP, quien detalló que previamente habían organizado presentaciones para evitar un descuento compulsivo “que había acordado el sindicato ATE con el gobierno de la provincia para los no afiliados”. Y también frente a “una situación irregular del pago del salario”, que correspondería a una “deuda de aproximadamente de dos salarios en general para los jefes de la administración pública provincial”. Casualmente, “una de las referentes a la que [los trabajadores] iban a buscar para hacer esta presentación que cortó el descuento compulsivo era Nadine”.
“No hay una cuestión preventiva –insistió–, acá hay un castigo previo. Porque más allá de que después, nosotros tenemos muchas posibilidades de revertir los procesos penales, la realidad es que mientras tanto las familias se tienen que amacar sin salario y sin obra social.”
Sobre el ánimo de la compañera Gómez contó que “lo primero que nos dijo es: ‘¿cómo alimento a mis hijos?’. Pero está entera para seguir en la discusión.” Junto con las medidas legales, ya se lanzaron iniciativas para juntar fondos. Y el tema será llevado también a la próxima sesión de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos en Montevideo.
