En Plaza de Mayo y en todo el país fueron enormes las movilizaciones por los 48 años del golpe de Estado. No era para menos. Acompañando el ajuste infernal, el gobierno venía de implementar su protocolo Bullrich anti-protesta, insistía en la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y venía transcurriendo el intento de otorgar prisión domiciliaria automática a los genocidas presos con más de 70 años. La respuesta popular fue contundente. Mucha gente, de diversas edades, participaron por primera vez de esta jornada que se repite desde hace décadas.
La masividad de la convocatoria, que ridiculizó el protocolo anti-protesta, sirvió como una fuerte advertencia ante ese intento de Milei y Bullrich de volver a asignar tareas de seguridad interior al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. No importa si esta iniciativa es contra los narco-terroristas; luego podrían seguir contra cualquier acción de lucha que el gobierno considere terrorista. Pero esta iniciativa del gobierno ni siquiera es apoyado por la cúpula militar, porque ya todos sabemos cómo termina. Esto debe interpretarse como un triunfo de la incesante lucha popular por memoria, verdad y justicia.
La jugada de beneficiar a genocidas condenados había sido rechazada por la Cámara de Casación los días previos al aniversario. El intento consistió en una presentación de dos abogados de represores, al día siguiente de la asunción de Milei, pidiendo reglas para que los mayores de 70 años puedan acceder al beneficio de la detención domiciliaria. Ya más cerca del 24M, la propia vicepresidenta Villarruel insistió en su posición de que debían liberarse condenados. Y circuló la versión de que Patricia Bullrich daría a conocer alguna disposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que contribuya a soltar algunos presos militares. Pero la movilización fue más fuerte.
Al final, lo más que pudo hacer el gobierno fue subir un video en YouTube, haciendo un balance retrógrado que señala como “excesos” al plan sistemático de detención, desaparición, tortura, asesinato de personas y robo de bebés. Y pretendiendo tapar esos crímenes con las víctimas de acciones de organizaciones guerrilleras de los ’70. Sin embargo, el verdadero obstáculo que han encontrado esas víctimas en su pedido de justicia es la ruptura del Estado de derecho por esa dictadura que asesinaba en lugar de permitir el funcionamiento del Poder Judicial.
Si el gobierno insiste todo lo que puede en este punto es porque, evidentemente, no es un tema “del pasado”. Tiene relación directa con el alcance de la represión de hoy para imponer el hambre y la entrega hoy. Y por este mismo motivo, los discursos que se dieron desde el palco de la Plaza de Mayo no sólo reclamaron por justicia, sino que denunciaron sin dudar a la política antipopular del gobierno de Milei.
