A principios de octubre, en la ciudad mendocina de Guaymallén, el ministro de salud Jorge Lemus puso en marcha el programa piloto de Cobertura Universal de Salud (CUS), entregando las primeras credenciales. Según las autoridades se está “dando los primeros pasos para ordenar y hacer más integrado, equitativo y eficiente este sistema”. ¿En qué consiste este cambio en el sistema de salud?
En primer lugar, se dará un carnet o credencial para las personas que no tengan obra social o prepagas (ya sea por estar desocupadas o por trabajar en negro), con el cuál estarán registradas y podrán atenderse en los hospitales públicos. Esto también incluye la creación de una ficha médica y una historia clínica informatizada única. Los beneficiarios, además, podrían optar por atenderse en instituciones privadas y el financiamiento de estas prestaciones estará a cargo del Estado. También se plantean cambios en la asignación de recursos –por ejemplo para personas con discapacidad– y la distribución del Fondo Solidario de Redistribución.
Este programa, que está impulsado por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), significa un cambio en el paradigma de salud, ya que pasa de considerar la salud como un derecho humano, al concepto de cobertura y prestación, ligada al planteo de la medicina privada. Se plantea así, que las prestaciones de los hospitales y centros de Salud estén sujetos a un Programa Médico Obligatorio (PMO), que es una suerte de canasta básica de cobertura donde muchas enfermedades y tratamientos quedan afuera. Entonces, cualquier afección que requiera un tratamiento por fuera de esa cobertura básica tendrá que ser autorizado especialmente o deberá pagarlo el usuario.
Por otro lado, el Estado comenzará a financiar prestaciones en el sector privado, con la consiguiente reducción de la financiación de los centros públicos. Como denuncia la CiCop: “la puesta en marcha del CUS es un maquillaje del sistema de salud que terminará en la privatización de muchos servicios de los hospitales provinciales que no podrán financiar su funcionamiento”.
Macri aseguró que unos 15 millones de personas “carecen de cobertura” y se “beneficiarán” con la CUS. Sin embargo, parte de una falacia, ya que en este momento, cualquier persona puede atenderse en el Hospital Público. Además el presidente se olvida que casi el 100% de las emergencias y un 50% de los partos se realizan es hospitales públicos, aún a personas que tienen obra social o prepaga.
Lo que hay que hacer es dotar a los hospitales y centros de salud públicos de recursos, tanto de infraestructura como recursos humanos, para satisfacer la necesidad de salud de la población con una planificación social para el conjunto de la población desde la atención primaria, la prevención y la promoción de la salud. Lo que se plantea realizar es justamente lo contrario: se desfinanciará el sistema público, se abordará cada vez más la salud sólo desde la atención individual, se fomentará el negocio con la salud y se abrirá la puerta a la privatización.
Este proyecto, a pesar de estar lleno de frases lindas y de declaraciones grandilocuentes, esconde la intención de ir hacia una salud mercantilizada, donde primará el negocio sobre las necesidades sanitarias de la población.
