En su afán de achicar el Estado, el gobierno despidió a otros 35 trabajadores de los 350 que conforman la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), organismo que implementa la Ley de Barrios Populares. Los despidos son principalmente de equipos técnicos provinciales, desarticulando la capacidad de acción en las provincias. Según informó ATE Capital, después de un proceso de organización y lucha que viene dándose desde el sindicato, se logró reducir el golpe a su mínima expresión, ya que el informe que armó el ministro Sturzenegger proponía reducir la plantilla entera a 30 personas.
De todas formas, el vaciamiento de la única herramienta estatal dedicada a urbanizar villas y asentamientos, garantizar acceso a agua, cloacas y electricidad segura, y entregar Certificados de Vivienda Familiar que protegen a las familias frente al desalojo, sigue avanzando por otras vías: más de 700 obras paralizadas, 150 procesos de desalojo activos que amenazan a unas 4.500 familias, y la disolución del fondo de financiamiento FISU dispuesta por el Decreto 312/2025 completan el cuadro. El Estado se retira del territorio donde millones todavía pelean por tener las condiciones de vida digna.
