El domingo 28 de julio por la noche, el actual presidente Nicolás Maduro anunció su reelección por un 51,2%, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara detalles por distrito ni las actas. Con el correr de los días tras el denunciado ataque al sistema informático, tampoco el CNE hizo públicas las actas de la votación, frente a una oposición que también se proclamó ganadora con el 67% y que se presentó en poder de actas aportadas por sus fiscales. La oposición es encabezada por Edmundo González Urrutia como candidato y Corina Machado como vértice de la campaña opositora, tras una sentencia de la Corte Suprema de Venezuela que la inhabilitó como candidata, debido a las sanciones penales por razones político-administrativas relacionadas al intento de golpe de Guaidó de 2019 por las que fue condenada. Con esta situación y proclamándose ganadores el oficialismo y la oposición, y con reconocimientos cruzados por parte de EEUU, China, Rusia y otros países, se desplegaron masivas movilizaciones en respaldo de ambos resultados y detenciones de manifestantes y dirigentes opositores y un saldo de 24 muertos. Las Fuerzas Armadas, base principal de poder del gobierno de Maduro, respaldan el resultado oficial.
Venezuela es la principal reserva petrolera mundial y como tal está atravesada por la disputa por el control de esas reservas. En un mundo multipolar en el que se agudiza la disputa interimperialista por la hegemonía mundial, crece la necesidad de los pueblos del no alineamiento; al tiempo que en cada momento y país, la lucha antiimperialista determina un enemigo principal y que tanto el intento de golpe a Hugo Chávez en 2002, la proclamación de un gobierno paralelo con Guaidó, o las incursiones militares golpistas de hace dos años, tuvieron al imperialismo norteamericano detrás.
El proceso iniciado por Chávez en el ‘98 y continuado por Maduro evidencia límites que ahora se manifiestan a nivel de masas y en el flanco político que presenta la proclamación de un resultado numérico concreto, pero a la vez sin presentar las actas que lo sustenten. Esto último ha impedido también que gobiernos como los de Brasil, Colombia y México, predispuestos a emitir un comunicado conjunto reconociendo un resultado respaldado en actas, pudiera concretarse.
Los pueblos latinoamericanos que hemos sufrido las dictaduras de los ’70 y ’80 sabemos que las libertades democráticas y las formas republicanas conquistadas con lucha deben ser defendidas, incluso desde el punto de vista de la acumulación de fuerzas revolucionarias por un cambio estructural que sirva para resolver las grandes necesidades de los trabajadores y los pueblos hoy empobrecidos y oprimidos por la dependencia imperialista y de sus socios oligárquicos y monopolistas. Hoy la situación abierta en estas últimas elecciones es usada por los que no tuvieron reparos en respaldar el golpe militar en Bolivia y el golpe palaciego en Perú. Y sabemos que vendrán más embates de esos mismos sectores, como ya lo hemos vivido en nuestro país con los golpes de mercado o el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el respeto a la soberanía nacional, a la autodeterminación de los pueblos y el principio de no injerencia, afirmamos que debe ser el pueblo venezolano quien determine el desenlace de esta situación. Por lo que también repudiamos la represión a las masas y los presos políticos. De la misma manera que repudiamos la posición injerencista del gobierno de Milei, atándose a un alineamiento obsceno con EEUU, como al fracasado intento intervencionista en la OEA.
