La política brasileña se bambolea como un árbol azotado por la tormenta. En este caso las tormentas son dos: la crisis económica, marcada por una recesión que ya lleva prácticamente un año, y la crisis política, que tiene a la presidenta Dilma Rousseff al borde de la destitución a impulso de una oposición que genera en el pueblo tanto repudio como ella.
El jueves 7 de abril, pretendiendo abrir un resquicio para superar la profunda crisis económica e institucional, Dilma convocó a los partidos políticos a un “gran pacto nacional”. Eso sí, a la manera de Cristina Kirchner exigió como condición previa que “se respeten los votos”, en alusión a los 54 millones que le permitieron lograr la reelección en 2014. ¡Como si el pueblo brasileño hubiera votado las políticas hambreadoras que viene aplicando con sus ministros, primero Joaquim Levy y después Nelson Barbosa, violando completamente sus promesas y su programa electoral! ¡Y como si 54 millones de votantes estuvieran encantados con el grosero pantano de corrupción constituido alrededor de la petrolera estatal Petrobras, en el que metieron mano decenas de funcionarios del gobierno y del partido de Dilma y otras decenas de líderes de la misma oposición que ahora gritonea para destituirla!
En el mismo lodo
En los últimos días de marzo el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, el principal aliado de Dilma) se abrió de la coalición de gobierno y dejó a la presidenta aun más sola frente al proceso de impeachment (juicio político) que la ofensiva opositora le quiere hacer por haber adulterado durante años las cuentas fiscales para ocultar el déficit.
Los siete ministros del PMDB que integran el gabinete abandonaron sus puestos. El que no renuncia es el vicepresidente Michel Temer, también del PMDB, que es quien tomaría las riendas del gobierno si logran descabezar a Dilma. Temiendo que la decisión del PMDB generara un efecto dominó en las otras seis fuerzas aliadas, el Partido de los Trabajadores –el PT de Dilma– le ofreció esos puestos a partidos menores para volver a ampliar un poco su base de apoyo. Y seguía siendo incierta la asunción del ex presidente Lula Da Silva como jefe de gabinete: el Supremo Tribunal Federal (STF) le impidió la semana anterior asumir el cargo por la evidencia de que Dilma había designado a Lula para que pudiera escudarse en sus fueros de ministro y no ser objeto de un juicio que se le encara por la escandalosa red de sobornos y negociados en Petrobrás y en el monopolio de la construcción Odebrecht.
El mismo juez que difundió a los medios de comunicación la grabación de la conversación telefónica entre Dilma y Lula que probaría esa maniobra reveló que en realidad más de 200 dirigentes partidarios de todas las agrupaciones oficialistas y opositoras recibieron “donaciones” del grupo Odebrecht, la mayor constructora de Brasil. En la lista figuran el ex presidente José Sarney, dirigente máximo del PMDB ex aliado PT, líderes también pemedebistas como Aécio Neves (el ex candidato presidencial derrotado por Dilma en 2014) y José Serra (dos veces candidato a presidente derrotado y actualmente senador ). También están el ministro de Educación Aloizio Mercadante; Eduardo Cunha y Renan Calheiros, también pemedebistas que presiden la Cámara de Diputados y la de Senadores y también investigados en otros casos de corrupción, evasión fiscal y otras lindezas. El PMDB es un partido con arraigo entre los terratenientes del nordeste brasileño, que apoyó y tuvo ministros en todos los gobiernos desde el fin de la dictadura militar en 1985, incluido el del Fernando Henrique Cardoso (1995-2002); un partido que trabó una alianzas con Lula en los dos períodos y en los dos de Dilma ocupando la vicepresidencia, que en la actualidad tiene las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y en el Senado, y que preside las dos. Convertido ahora en opositor, los mismos que durante décadas fueron parte de la corrupción política ahora lanzan gritos de dignidad ofendida y seguramente votarán por el juicio político a la presidenta que acompañaron durante dos presidencias.
Como se ve, las cúpulas de la política brasileña huelen tan a podrido que no sorprende que en las manifestaciones callejeras que se suceden en las principales ciudades se haya empezado a oír la conocida consigna argentina del 2001: “¡Que se vayan todos!”.
Polarización
La crisis económica, las medidas del gobierno que ya se traducen en recortes presupuestarios, desocupación y decenas de miles de nuevos pobres, la corrupción desembozada tanto del oficialismo como de la oposición y la pulseada política entre ambos recalientan y polarizan la situación brasileña.
El domingo 13/3 masivas manifestaciones reunieron cientos de miles de personas exigiendo la renuncia o destitución de Dilma Rousseff.
El jueves 31/3 otros cientos de miles, convocados por el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, llenaron las calles céntricas de 25 ciudades del país – entre ellas Brasilia, Río, San Pablo – denunciando las maniobras del golpismo “institucional” y en defensa de Dilma y de la “democracia”. En Río de Janeiro unos 70 mil manifestantes reunidos en el viejo centro de la ciudad oyeron a Chico Buarque y otros artistas e intelectuales expresarse “en rechazo al golpe”, precisamente en el día en que se cumplían 52 años del que derrocó a Joao Goulart e instauró una feroz dictadura proyanqui que duró más de 20 años.
Pero en las dos multitudes se hizo oír, también, la protesta contra el ajustazo y contra la reforma jubilatoria que lleva adelante el gobierno y se reclamó el fin de la impunidad no sólo a los beneficiarios de las millonarias coimas del escándalo “Lava-Jato”, sino de los responsables de las políticas antipopulares y antinacionales que provocaron la crisis que sacude al Brasil.
Mientras tanto, el latifundio y la Policía Militar (PM) siguen asesinando campesinos… El jueves 7 de abril la PM irrumpió brutalmente y disparando a mansalva en un acampe de miles de familias organizadas por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra en el Estado de Paraná, dejando un saldo de dos trabajadores muertos y muchos heridos. Es sólo una parte de la verdadera ola de asesinatos que se está manifestando en el campo de toda la región. Hace ya tiempo que Lula, Dilma y el PT se aliaron con sectores de terratenientes y echaron por la borda sus promesas de reforma agraria.
La conquista de una verdadera democracia para el pueblo brasileño no podrá alcanzarse sin medidas profundas que liquiden el latifundio y pongan bajo control nacional las palancas fundamentales de la producción, el comercio exterior y los bancos, rompiendo la dependencia que han profundizado Lula y Dilma y que no cuestiona la oposición.
