La imposibilidad –obvia– de revertir la prolongada crisis económica con medidas que agravan la recesión, y la corrupción que embarra a todo el gobierno de Michel Temer –empezando por el propio Temer–, es el telón de fondo que explica el hartazgo de una parte creciente del pueblo brasileño, que empezó a ganar las calles ya desde antes de consumarse la destitución de Dilma Rousseff e instalarse el gobierno oligárquico golpista.
La economía brasileña lleva dos años seguidos de crecimiento negativo: la crisis más profunda y prolongada desde la década de 1930. El PBI disminuyó por sexto trimestre consecutivo: sólo en los primeros nueve meses de 2016 cayó un 4%, tras haber sufrido un derrumbe similar en 2015.
Como en los demás países de la región, la crisis no es para todos: un puñado de grandes corporaciones nacionales y extranjeras se la llevan en carretilla. En plena recesión, y mientras el conjunto de la economía brasileña acumula una brutal baja del 8% en 2 años y proliferan los despidos en la industria, el llamado agronegocio –es decir la producción agropecuaria a gran escala dominada por monopolios imperialistas y destinada principalmente a la exportación–, volvió a crecer este año en Brasil, alrededor de un 2,5%. Así, mientras cae el PIB total, la proporción de la producción agropecuaria en el total del PIB creció del 21% en 2015 al 23% en 2016, y las exportaciones agropecuarias pasaron a representar el 48% –casi la mitad– de las exportaciones totales. En 2016 la producción agrícola para el mercado interno (cereales, legumbres y oleaginosas, principalmente soja, maíz y arroz) disminuyó, pero los productos destinados a mercados extranjeros como China aumentaron. Más indicios de dependencia, por si hacían falta…
“¡Fuera los ladrones!”
Al mismo tiempo, la brutal corrupción que tiñe prácticamente a toda la dirigencia económica y política del Brasil con los escándalos de Petrobras y el llamado “Lava Jato” profundiza la crisis política, que se expresa en la desembozada pugna de poderes entre jueces, parlamentarios y ministros.
El desenfrenado sistema de desvío de fondos de la petrolera estatal Petrobras a los bolsillos de ministros y dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Dilma, y de los ahora gobernantes PMDB y PSDB, obligó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) a suspender el desembolso de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos de infraestructura en varios países de la región, entre ellos la Argentina, Venezuela, República Dominicana y Cuba. Las obras eran ejecutadas por varias de las grandes empresas constructoras brasileñas vinculadas al “Lava Jato”: Odebrecht, Andrade Gutierres, Camargo Correa, Queiroz Galvão y OAS. La investigación judicial llevó a la detención primero del ex ministro de Hacienda de Rousseff, Antonio Palocci, que administraba una cuenta para coimas de Odebrecht al PT, y después de otros integrantes de la verdadera banda de ladrones instalada en el gobierno, incluidos cuatro ministros del gobierno golpista, decenas de políticos y empresarios, y el propio Renan Calheiros, presidente del Senado, aliado clave de Temer y miembro de su partido, al que una de las constructoras le pagaba la pensión de su hija extramatrmonial, y que ahora fue suspendido temporalmente de su cargo. El martes 13/12 el Senado debería votar el proyecto de ley del gobierno que recorta durante 20 años el presupuesto estatal según la inflación del año anterior. Pero ahora la presidencia del Senado pasó a manos de Jorge Viana, del PT; este partido fue el que inició el ajustazo con Dilma, pero ahora se opone al proyecto, de modo que la crisis política apunta a profundizarse.
El domingo 4/12, al grito de “¡Fuera los ladrones!”, se reactivó en Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia y otras ciudades del Brasil la espiral de manifestaciones y marchas contra la corrupción gubernamental. Ahora se sumó la protesta contra una reciente votación de la Cámara de Diputados que cambió un paquete de medidas anticorrupción presentado por los fiscales del caso Petrobras y que había sido respaldado por más de 2 millones de firmas.
En una votación realizada –literalmente– entre gallos y medianoche, los diputados anexaron una enmienda que permite incriminar a los propios investigadores que habían elaborado el proyecto, y Calheiros intentó que el Senado votara la modificación de urgencia. En la misma noche del miércoles 7 hubo un generalizado cacerolazo de denuncia.
