Cada vez más domiciliarias a genocidas

La Corte Suprema de Justicia firmó el martes 18 de abril la prisión domiciliaria al represor Jorge Alespeiti. Este teniente coronel de la dictadura fue condenado culpable en el 2009 por nada menos que 107 casos de secuestros y desapariciones en la Capital Federal, y sentenciado a 22 años de prisión. Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal había dejado sin efecto la prisión domiciliaria argumentando que sus problemas de salud podían ser tratados en la cárcel y que Alespeiti tiene capacidad de “influir sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de represión”, por lo que la detención domiciliaria era riesgosa.

Ahora, con los votos a favor de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema anula el fallo de Casación y, argumentando su avanzada edad y problemas de salud, le da este beneficio. Así, la propia Corte Suprema sienta un nuevo antecedente jurisprudencial que abre la posibilidad extender la prisión domiciliaria al resto de los mayores de 70 años detenidos por delitos de lesa humanidad y que padecen diversas enfermedades.

Diez días después, la Sala I de la Cámara de Casación, en un fallo dividido, le concedió este privilegio también al represor Miguel Etchecolatz, que permanece bajo arresto en el hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza. La jueza Ana María Figueroa votó en contra de otorgarle el beneficio, mientras que Liliana Catucci y Eduardo Riggi aceptaron el planteo de los defensores del represor. Si bien por ahora la resolución no se hará efectiva –ya que el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense posee otras causas pendientes–, quien fuera la mano derecha de Ramón Camps está más cerca de irse a su casa. Además de sus condenas por la represión dictatorial en la provincia de Buenos Aires, donde fue Director de Investigaciones de la Policía, Etchecolatz es señalado como uno de los responsables de la desaparición de Julio López tras haber declarado en su contra.

Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y querellante en causas contra Etchecolatz, señaló que el fallo de la Corte Suprema “en definitiva lo que termina permitiendo es una liberación masiva de represores, que no va a ser inmediata o simultánea pero sí va a ser por goteo”. Y agregó: “Lo que está haciendo es dar un aval del poder judicial para que se produzca una liberación masiva. Si a eso le sumamos los discursos negacionistas de deslegitimación del movimiento de derechos humanos y de los juicios que ha habido durante todo este tiempo, se crea el contexto necesario para que se produzcan estas liberaciones”.

De esta manera, la “Justicia” actúa en consonancia con la campaña macrista de negacionismo respecto de los crímenes de la última dictadura, y de su intensión de frenar y hacer retroceder el juzgamiento de los responsables.