Miles de personas participamos del paro y movilización en todo el país en repudio al fallo que dejó impunes a los femicidas de Lucia Pérez. En la ciudad de Buenos Aires, más de 20 mil personas marchamos desde los Tribunales hasta la Plaza de Mayo, donde tuvo lugar un acto en el que la madre de Lucía dio un duro discurso donde denunció la connivencia del narcotráfico con el poder político y judicial. “La violaron hasta matarla y la volvieron a violar los jueces”, denunció. También estuvieron presentes el hermano de Lucía, Nora Cortiñas y Gustavo Melmann, padre de Natalia: violada y asesinada por policías de la bonaerense en el 2001.
La noticia del femicidio de Lucia conmovió la Argentina en octubre de 2016, dando lugar al primer Paro de Mujeres. La fiscal del caso había declarado a los medios que Lucia había muerto del dolor producido al ser “empalada”. Posteriormente la funcionaria fue desplazada y se nombró un nuevo fiscal a cargo del caso. En esa nueva etapa la hipótesis del empalamiento se descartó al no poder ser probada por las pericias y la causa probable de muerte pasó a ser la asfixia toxica causada por el consumo de drogas.
La causa caratulada como “abuso sexual agravado y femicidio” tuvo tres imputados: Matías Farías (23), Juan Pablo Offidani (41) y Alejandro Maciel (61). Según la reconstrucción, Lucía Pérez conoció a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani en la puerta de la escuela a la que asistía el 6 de octubre de 2016, cuando les compró marihuana. Siguieron en contacto telefónico y se reunieron al otro día cuando Farías y Offidani la pasaron a buscar por su casa. Luego fueron hacia la vivienda del primero donde finalmente fue asesinada. Posteriormente, abandonaron a la joven en un centro de salud de playa Serena.
La indignación y la bronca volvió a estallar hace pocos días, cuando se dio a conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, a cargo de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que decidieron absolver a los imputados de los cargos de abuso sexual seguido de muerte, condenando solo a dos de ellos –Farías y Offidiani– por venta de estupefacientes a 8 años de prisión y absolver a Maciel, acusado de encubrimiento.
Para los jueces, las lesiones que presentaba el cuerpo de Lucía no son suficientes para probar el abuso por lo que presumen que pudo haberse tratado de relaciones sexuales consentidas. Como fundamento de semejante afirmación puede leerse en el fallo: “…Lucía tenía 16 años y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Lucía quién no se mostraba como una chica de su edad y que además había referido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años”. También se señala que “…la misma tenía más de 20 faltas en el colegio por haberse quedado consumiendo estupefacientes y tenía relaciones con todos aquellos que le gustaban”. Todo el fallo está plagado de estereotipos sexistas y discriminatorios y de un juicio sobre la biografía de Lucía, la víctima, en lugar de concentrarse en el análisis de la conducta de los acusados. Se trata de una manifestación obscena y peligrosa del machismo en el poder judicial, que impregna a toda la sociedad, avalando, legitimando y naturalizando el uso y el abuso de los cuerpos de las pibas, que son consideradas descartables. Niega descaradamente que haya habido siquiera una situación de vulnerabilidad en una adolescente de 16 años –menor de edad–, llevada a la casa de hombres adultos que le proporcionaron drogas y tuvieron relaciones sexuales hasta la muerte de la menor.
Desde el principio, las sospechas de vinculaciones políticas tiñeron el caso ya que uno de los acusados, Juan Pablo Offidani, es hijo de Eduardo Offidani: contador del intendente Carlos Arroyo. A su vez, a pedido de la familia Offidiani, se hizo cargo de la defensa del acusado el abogado Cristian Prada, que se desempeñaba como director general del programa “Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada”. Ante el escándalo, tanto Offidiani (p) como Prada fueron desplazados de sus cargos frente al escándalo que esto significaba para la gestión de Arroyo (Cambiemos).
Marta Montero, la mamá de Lucía, denunció en la Plaza de Mayo: “Más allá de estos jueces antiguos, que ni saben lo que es la violencia de género. Más allá de que sean unos viejos de mierda, acá hay otra cosa: el narco, el municipio. Investiguen al municipio, a (el intendente) Arroyo, a Mar del Plata, (…) ¿Qué se creen? ¿Que somos tontos? Estuvieron todos comprados. Hasta los peritos de la Corte compraron”.
Como lo venimos haciendo desde hace años, las compañeras del CR de Bahía Blanca nos sumamos a participar del IX Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres y Niñxs, realizado en la Plaza Rivadavia de nuestra ciudad el 24 de noviembre, en conmemoración las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo.
Participamos del Encuentro con compañeras de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la UNS, de la CCRN y de Puño y Letra. Pintamos un mural bajo la consigna “obligar a gestar, parir y criar ¡es violencia!” y armamos un fanzine para difundir el trabajo de artistas y escritoras locales así como las diversas actividades que llevamos a cabo desde todas las agrupaciones a lo largo del año.
Ante el gobierno de Macri que entrega el país a los imperialismos del G20 y el FMI, que maneja las vidas y los derechos de las mujeres como un negocio, que nos hace pasar hambre y nos obliga a seguir abortando en la clandestinidad, creemos que el arte es una poderosa herramienta de lucha para desafiar y enfrentar las políticas de ajuste y seguir peleando por el aborto legal y la liberación de las mujeres.
Corresponsal
