La Cámara Federal de Roca solicitó la detención preventiva y procesamiento del prefecto Francisco Javier Pintos, acusado por el asesinato de Rafael Nahuel en una incursión del grupo Albatros en el territorio recuperado de Villa Mascardi (en las cercanías de Bariloche) el 23 de noviembre de 2017. El caso tomó notoriedad no sólo por lo cobarde del accionar de la Prefectura, sino además por el desfachatado apoyo incondicional de la ministra Patricia Bullrich, sin importar las consecuencias y la verdad.
La respuesta de la Cámara fue contundente. No sólo contra el prefecto que jaló del gatillo, sino que también cuestionó a la propia ministra que “quiso condicionar la pesquisa delineando de antemano un libreto para los protagonistas”. Además descartó por parcial la pericia balística efectuada por Gendarmería Nacional justificándose en que fue “elaborada por los subordinados de quien, antes de esa labor pericial -e incluso previo a ser ordenada esa nueva experticia- ya se había manifestado en favor de la inocencia de sus subalternos involucrados en los hechos”. Tras este gran paso, el juicio y la lucha continúan.
