Susana Montoya fue asesinada en su casa en Córdoba y hallada muerta por su hijo Fernando Albareda. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policia”, dejaron por escrito los asesinos en el lugar. Susana era viuda de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario que fue torturado y asesinado luego de haber sido desaparecido en 1979. Fernando es militante de HIJOS y había sufrido, el 9 de diciembre pasado, una amenaza similar.
El hecho no sólo nos rememora el terrorismo de Estado dictatorial (1976-1983), sino también en la desaparición –por segunda vez– de Jorge Julio López en La Plata en 2006. Ahora, nos remite también a la reciente visita de diputados libertarios –vinculados a la vicepresidenta Villarruel– a Astiz y otros genocidas condenados y presos por sus crímenes de lesa humanidad. A la gravedad del asesinato de Montoya en sí, se suma no sólo el silencio del gobierno nacional negacionista, sino incluso del gobierno provincial –al menos por ahora–.
La Justicia hallará (o no) a los culpables materiales. En cualquier caso, queda de relieve que la represión ilegal –estatal o paraestatal– no es tan solo cosa del pasado. Siguen activos grupos de tareas capaces de cometer este tipo de crímenes, que requieren un trabajo preciso de inteligencia. Seguimos sufriendo la impunidad de los crímenes de la dictadura. Y esto es acompañado no sólo de un discurso negacionista gubernamental, sino también con la iniciativa política de Milei y su ministra Bullrich de sumar a las fuerzas armadas a las tareas de represión interna. Buscan para esto darle forma a la figura de “terrorismo”, tal como la han utilizado recientemente para calificar a la movilización en Congreso contra la Ley Bases.
El caso
El subcomisario Albareda estaba vinculado al PRT. Fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979 y asesinado por personal del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2), en el Centro Clandestino “Casa Hidráulica”. Los responsables de su crimen fueron juzgados en Córdoba en el año 2009 en el marco de la causa «Albareda». En la causa se supo que en la tortura Raúl Pedro Telleldín, ex jefe del D2, “le cortó los testículos, se los metió en la boca y le cosió los labios”; y que Albareda murió tras desangrarse durante dos horas (Infobae).
Tras ese juicio, su hijo Fernando Albareda –militante de HIJOS Córdoba– debió convivir más de un año con custodia policial ante las persistentes amenazas que recibió. Durante mucho tiempo, Fernando se dedicó a dar charlas de derechos humanos para cuadros policiales (Página/12).
El año pasado logró la reparación del legajo de su papá Ricardo, porque allí decía que lo habían despedido por abandono de sus funciones; y en mayo de este año el Ministerio de Seguridad le otorgó el “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio”. Esta resolución autorizaba el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento a favor de Fernando Albareda y Susana Montoya, por el monto de $76.447.970 (Perfil). Ambos habían gestionado este reconocimiento aunque aún no había sido cobrado.
En la autopsia a Susana Moyano de Albareda se combrobaron fuertes golpes en la cabeza y estrangulamiento. El hecho de que no se haya registrado pertenencias faltantes, descartaría la posibilidad de robo (además de las amenazas). Exigimos el esclarecimiento del asesinato y justicia.
La lucha popular, que supo derrotar a la dictadura y encarcelar a genocidas, no será amedrentada por otro crimen. Seguiremos en la lucha contra la impunidad y por la liberación. Basta de negacionismo. Seguimos afirmando Nunca más!
