El 28 de julio del año pasado el gobierno de Macri cerró un acuerdo con el grupo empresario de su familia acerca de la deuda que el grupo mantenía con el Estado en nombre del privatizado Correo Argentino. El acuerdo contempla el pago de 600 millones al Estado y una condonación de más de 4.000 millones de pesos a favor de los Macri. Además, pretenden que el Estado les pague 2.000 millones por “daños y perjuicios”.
Declararon la quiebra de Correo Argentino S.A. en 2001 y mantenían una deuda con el Estado nacional por cánones impagos de $296.205.376 a septiembre de 2002. En primer lugar la empresa se benefició con un estado de “eterno” concurso de acreedores y logró suspender por más de quince años el pago de sus deudas. Ahora, con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, logró un acuerdo en el que se le perdona el 98% de lo adeudado al no computarse intereses sobre estos quince años: pagarían la deuda original ($300 millones) en 15 cómodas cuotas anuales, desde 2018 hasta 2033. Y los intereses se pagarían al 7% anual sobre saldos adeudados al año de pagada la última cuota del capital. Totalizando $600 millones en todo concepto.
Sin embargo, la fiscal general Boquín, que denunció el acuerdo, calcula la deuda aplicando a los $300 millones (contraída durante la convertibilidad cuando un peso era igual a un dólar) el tipo de cambio actual ($15,90) dando por resultado $4.656 millones de pesos de deuda al día de hoy. Con lo que la quita es de al menos $4.277 millones. Por su parte la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) le aplica a esta quita la tasa vigente al 09/2001 del BNA (1,46%) hasta la culminación del “plan de pagos” acordado y calcula una quita de $70.000 millones.
Además, el grupo Macri inició una demanda contra el Estado por “daños y perjuicios” prácticamente en simultáneo a la firma del acuerdo por el que reclama el pago de $2.200 millones (utilizando en este caso intereses al 11%, cuando aceptó pagar su deuda con una tasa de 7%) por supuestas inversiones realizadas en el Correo no reconocidas al momento de la desprivatización. De esta manera, lo poco que debería pagar el Grupo Macri al Estado lo obtendría, una vez más, de los fondos del propio Estado Nacional.
