Los intereses inmobiliarios de unos pocos están detrás de algunos de los incendios del sur. Curiosamente, a Joe Lewis y los Benneton no se les quemó ni un metro cuadrado en los incendios que ya arrasaron 37 mil hectáreas de bosques y viviendas de la Patagonia. Los gobiernos nacional y provincial culpan a los mapuches y ocultan el tejido de intereses que busca desalojar a pobladores.
El intendente del Bolsón declaró días antes que la región debía ser turística y no productiva. Con el incendio de la zona se arrasó con terrenos productores y fueron desalojados los vecinos que vivían y trabajaban allí. Así es facilitado el avance de los terratenientes extranjeros como Lewis para desarrollos turísticos, sin importar el desarrollo productivo de la región, y dañando el medio ambiente. Lewis habría vendido terrenos a inversores árabes y también hay presencia vinculada al estado israelí en la región.
En Argentina aún tenemos la Ley de Bosques, destinada a la protección y preservación de bosques nativos. Esta ley prohíbe el cambio de uso del suelo en áreas de bosques nativos que han sido afectadas por incendios. Esto significa que, después de un incendio, no se permite desmontar o convertir esas áreas para actividades agropecuarias, inmobiliarias o de otro tipo. El objetivo es permitir la regeneración natural del bosque nativo. Sin embargo, Milei ya ha expresado con claridad que es contrario a toda regulación del medio ambiente porque limita el mercado y las inversiones capitalistas. Es en este contexto que se desató esta inusitada quema generalizada de bosques.
Con el incendio de la zona se arrasó con terrenos productores y fueron desalojados los vecinos. Así es facilitado el avance de los terratenientes extranjeros para desarrollos turísticos, sin importar el desarrollo productivo de la región, y dañando el medio ambiente.
En concreto, Milei desfinanció el organismo que ejecutaba las medidas para cuidar los bosques. Recordemos que una de sus primeras medidas fue regalar tres helicópteros a Ucrania, que hoy debieran estar combatiendo el fuego. El gobierno nacional se quedó con el 80% la plata de 2024 destinada a la lucha contra el fuego.
Por su parte, Patricia Bullrich mandó presencia a la zona para reprimir y perseguir a pueblos originarios y vecinos que luchaban contra el fuego. Detuvieron a brigadistas, vecinos del lugar que colaboraban en la lucha contra el fuego para intentar salvar su hábitat y forma de vida y sus hogares acusándolos de haberlo iniciado. Los vecinos fueron a reclamar la libertad de los brigadistas y fueron reprimidos por patotas a caballo que son los mismos que responden a Joe Lewis en el cierre del paso de Tacuifi, impidiendo uno de los accesos al Lago Escondido. Todo con la vista gorda de la policía. El juez que intervino en la causa armada en el Bolsón dictaminó la libertad de los presos, cruzando a los fiscales diciendo que no había ningún elemento para la acusación contra los detenidos. Quedó claro que habían apresado personas sin ninguna prueba.
En el mismo sentido, Patricia Bullrich incluyó a la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). A fin de poder reprimir y expulsar de sus tierras a toda comunidad que ella diga que es parte de la RAM.
Tal es la inconsistencia negligente que renunció la subsecretaria de Ambiente Anal Lamas. En su reemplazo designaron a Fernando Brom, al que se le escapó una verdad antes de asumir concretamente el cargo: “El problema es ecológico, no ideológico”. De inmediato salió Adorni a poner en duda la confirmación en el cargo, por sus dichos.
Simultáneamente más al norte del país, en Corrientes, se han quemado más de 200 mil hectáreas en los últimos días, dejando incluso dos víctimas fatales. Pero por ahora no han encontrado ningún pueblo originario a quien culpar por esos incendios.
