El jueves 14 de julio se cumplió con la jornada de paro y movilización convocada desde el Encuentro Patagónico (realizado el 2 y 3 en Tierra del Fuego). En Río Gallegos la Mesa de Unidad Sindical marchó hasta Casa de Gobierno y la marcha se replicó en distintas localidades de la provincia. En Tierra del Fuego, la Unión de Gremios y Jubilados Estatales se movilizó en cada localidad.
Tal como publicó gremialesdelsur.com.ar, la MUS santacruceña reclama el no pago del aguinaldo en tiempo y forma, la defensa de la Caja de Previsión y el pedido de normalización de la Caja de Servicios Sociales. Asimismo se suma el reclamo por la resolución de las denuncias realizadas contra magistrados y funcionarios (judiciales), el reconocimiento de los gremios que han sido excluidos de la paritaria (APROSA en salud) y a los que se les adeuda la ampliación del ámbito de actuación (SITRAIC), al igual que el pago urgente de aportes sindicales retenidos (ADOSAC y ATE).
También se marchó en Ushuaia a la Legislatura provincial y en Río Grande. Un día antes, el Plenario de Delegados del SUTEF había ratificado el paro hasta el 15 de julio y resuelto un paro de 48hs para el inicio del segundo semestre (luego del receso invernal). También continúa el acampe en Río Grande, donde se realizará una asamblea el 2 de agosto para resolver pasos a seguir. La respuesta de los legisladores de la UCR-Cambiemos y el FpV fue pasar a archivo el proyecto de modificación del paquete de leyes presentado por la Unión de Gremios y Jubilados, por lo que se descarta que seguirá el conflicto.
Entre los puntos generales de la jornada estaban: paritarias abiertas y libres; contra el impuesto al salario; contra los tarifazos, impuestazos y políticas de ajuste; contra la criminalización de la protesta social y sindical; defensa de los recursos naturales y soberanía; contra la precarización laboral en el Estado nacional, provincial y municipal, por el pase a planta y la estabilidad laboral; contra las leyes de endeudamiento y leyes de emergencia; por el funcionamiento efectivo de los organismos de control del Estado con participación social.
