Para tomar dos ejemplos sobre la política energética del gobierno nacional alcanza con ver el caso de la producción del polvo de uranio y de carbón mineral. Con el ministro Aranguren a la cabeza, por un lado avanza el posible cierre definitivo de la planta de Dioxitek en Córdoba –eslabón clave en la cadena del ciclo combustible nuclear argentino– y también el posible cierre de la mina de carbón de la central eléctrica en Río Turbio –producción capaz de ayudar en la diversificación de la matriz energética argentina–. Por el otro, avanza con los negocios, los subsidios y beneficios a los monopolios mineros y petroleros.
En el caso de la planta de Dioxitek –encargada de producir y proveer el polvo de dióxido uranio necesario para fabricar el combustible nuclear para que las centrales nucleares Embalse, Atucha I y Atucha II generen energía eléctrica– sigue sin resolver su reapertura y el anunciado traslado de la planta a la provincia de Formosa sigue sin ser una solución ya que los más optimistas estiman al menos tres años para que la misma pudiera estar operativa. Mientras, el poco polvo que quedaba se acabará en diciembre de este año, con lo que no se podría producir más combustible nuclear. Es así que el gobierno pretende resolver esta situación comprando el polvo al monopolio francés Areva, con lo que la Argentina perdería el control de la producción nacional sobre una de las etapas claves del ciclo de combustible nuclear para pasar a importar este insumo. Y como si esto fuera poco, Areva proveería un polvo de otra tecnología que no es compatible con los procesos actuales de producción del combustible nuclear, lo que implicaría el cierre definitivo de la planta de Dioxitek y pondría en riesgo el desarrollo tecnológico e independiente argentino acumulado en el área.
De forma similar ocurre con la mina de carbón y la central eléctrica de Río Turbio. En lugar de avanzar para que la mina de carbón provea a la central carbo-eléctrica de 240 MW –que se encuentra en la base de la mina– y tanto la mina como la central comiencen a trabajar conjuntamente, el ministro Aranguren avanza con el negocio de la compra de gas al monopolio Shell para abastecer el funcionamiento de la central, para lo que además deberían adaptarla para pasar de funcionar de carbón a gas. Incluso, analizan la posibilidad de importar el carbón desde Chile para abastecer a la central que ya tiene una mina de carbón a su lado. En cualquier caso, no sólo avanzarían en resignar la posibilidad de la diversificación de la matriz de generación energética, sino también en cerrar definitivamente el control y la producción nacional de este mineral.
A esto se suman además las recientes manifestaciones del gerente del proyecto CAREM de querer continuar con este proyecto de primera central nuclear de diseño nacional en el sector privado por fuera del Estado, los rumores de no continuidad del proyecto de enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, la parálisis de la producción de agua pesada en la PIAP en Neuquén, el riesgo de desmantelamiento de la Unidad de Gestión de NA-SA en Atucha, y los despidos de trabajadores en el Ministerio de Energía.
