Uno de los reclamos de la campaña en defensa de los docentes fueguinos es la declaración de la nulidad del juicio penal que tuvo un fallo en primera instancia en diciembre de 2015, que había sido iniciado por la ex gobernadora Fabiana Ríos tras el acuerdo paritario de 2014. Este fallo, que no está firme, fue utilizado por el juez Penza para argumentar el desafuero. Entre los causales de nulidad presentados por los abogados se cita:
• Con el adelantamiento del juicio no se respetó el plazo de 10 días de antelación con que se tiene que comunicar el inicio del juicio oral, violando una garantía constitucional para la defensa. Los docentes del SUTEF fueron comunicados 4 días antes, plazo en el cual no es posible preparar adecuadamente una defensa. Y los camioneros no pudieron llegar con su abogado de confianza.
• La policía provincial es denunciante y a la vez quedó como proveedora de prueba. En cualquier juicio lo que debiera ocurrir en estos casos es que los videos y otras pruebas sean provistas por otra fuerza de seguridad. En este caso, en cambio, la policía provincial quedó como juez y parte: reprimió, denunció, editó las pruebas, testificó y estuvo a cargo de la seguridad del juicio.
• La constitución del tribunal fue hecha sin respetar lo que marca la constitución provincial de cómo se debe constituir. Faltaba un miembro titular del tribunal y fue nombrado uno de manera interina de un modo que es anticonstitucional.
• El fallo viola el artículo 152 de la Constitución provincial, que dice que cada fallo debe tener el voto fundado de cada uno de los jueces intervinientes en el tribunal. Esto no se cumplió sino que sólo el juez González fundamentó el fallo de diciembre de 2015 que condenó a 28 trabajadores docentes y camioneros. Casualmente, González es el juez interino del tribunal elegido de forma inconstitucional.
